El Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Eduardo Urquiza, se expresó a favor de mantener una estricta separación entre la justicia y las decisiones político-constitucionales.
En su dictamen sobre las causas presentadas por Jorge Lechman y Paulino Rossi contra la provincia, sostuvo que el Poder Judicial debe intervenir con extrema cautela y solo en casos donde haya una contradicción manifiesta con la Constitución.
Urquiza evitó pronunciarse sobre la validez de la reforma constitucional, la legalidad del decreto de convocatoria a elecciones o la continuidad de la medida cautelar que hoy frena ese proceso. En cambio, señaló que todas esas definiciones deben ser tomadas exclusivamente por el Superior Tribunal de Justicia.
El Fiscal recordó fallos anteriores, como el caso Stefani, en el que se estableció que los jueces no deben evaluar la conveniencia o eficacia de las decisiones políticas, sino únicamente su apego a la Constitución. A partir de esa jurisprudencia, reafirmó que el control judicial no puede invadir competencias del Ejecutivo o Legislativo.
Respecto a la legitimación de Lechman y Rossi para actuar judicialmente, Urquiza apuntó que el STJ ya la había admitido de forma excepcional en el contexto de una medida cautelar, aunque destacó que la jurisprudencia fueguina reserva ese derecho a partidos políticos, candidatos, organismos públicos o ciudadanos directamente afectados.
Por último, en relación con los plazos de convocatoria a elecciones, Urquiza interpretó que la Constitución provincial permite al Ejecutivo fijar la fecha dentro del marco establecido por la Legislatura, sugiriendo que no se habría incumplido ningún plazo.
Concluyó que no hay evidencia de una transgresión constitucional que justifique la intervención judicial, y ahora la definición queda en manos del Superior Tribunal, que deberá resolver si existe un verdadero caso judicial y si la legitimación colectiva otorgada a los demandantes fue válida.
