El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió rechazar y archivar una denuncia presentada por el Inspector General Ariel N. Ciares contra el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Pablo Martín Bramati, a quien había cuestionado por presuntas irregularidades en su intervención en distintas investigaciones penales relacionadas con integrantes y autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.
La decisión quedó formalizada mediante la Acordada Nº699, aprobada durante la sesión del 10 de noviembre y publicada ayer en el Boletín Oficial. La misma determinó que la presentación resultaba "infundada" y "jurídicamente improcedente", por lo que no correspondía avanzar con un procedimiento de enjuiciamiento contra el funcionario judicial.
La denuncia había sido formulada por Ciares el pasado 19 de agosto y señalaba que Bramati habría omitido apartarse de tres actuaciones penales pese a mantener una relación convivencial y familiar con una funcionaria jerárquica del Servicio Penitenciario.
Según el planteo, la pareja del fiscal había mantenido conflictos administrativos y judiciales con esa institución y, en su carácter de director provincial, el propio Bramati habría dispuesto o promovido medidas que la afectaron. Esas circunstancias para la parte denunciante podían haber generado en el fiscal un malestar personal y una animadversión hacia integrantes del organismo penitenciario, comprometiendo su imparcialidad y objetividad.
La presidenta del Consejo de la Magistratura propuso rechazar la denuncia sin más trámite, moción acompañada por los consejeros Virgilio Martínez de Sucre, Horacio Castelli y Jorge Canals. La decisión se adoptó por unanimidad y se dejó constancia de que el consejero Alejandro Pagano Zavalía no suscribió la acordada debido a que había sido designado fiscal acusador en el expediente.
Ciares cuestionó particularmente la intervención de Bramati en tres causas y sostuvo que debía haberse inhibido o, al menos, informado sobre la existencia de esas circunstancias. Consideró que la omisión podía configurar mala conducta y arbitrariedad manifiesta y, sobre esa base, solicitó que el Consejo investigara su desempeño y determinara si correspondía iniciar un procedimiento de enjuiciamiento.
En los considerandos de la acordada se estableció que debía distinguirse entre las circunstancias que pueden justificar el apartamiento preventivo de un funcionario de una causa y aquellas que tienen entidad suficiente para configurar una causal de enjuiciamiento.
En ese sentido, el Consejo señaló que la recusación y la inhibición buscan "preservar la objetividad de las intervenciones judiciales", pero que el enjuiciamiento requiere una conducta de mayor gravedad, encuadrada en alguna de las causales previstas por la Constitución Provincial y la Ley 525.
El organismo sostuvo que la sola invocación de motivos para recusar a un fiscal no acredita, por sí misma, la existencia de una causal de remoción. Para ello deben identificarse circunstancias concretas y verificables que permitan demostrar una actuación arbitraria o contraria a la función.
Remarcaron que las medidas adoptadas por Bramati guardaban relación con el objeto de las investigaciones y que las decisiones sobre las pretensiones del Ministerio Público Fiscal habían quedado sometidas a los órganos jurisdiccionales competentes.
Al respecto, el Consejo entendió que no se había demostrado que la mujer fuera parte o titular de un interés personal, concreto y actual en las causas examinadas. Señaló que su pertenencia a la institución penitenciaria, el ejercicio de una jefatura o el hecho de que una persona denunciante estuviera alojada en un establecimiento bajo su dirección no generaban, por sí solos, un interés que comprometiera la imparcialidad del fiscal.
Asimismo, consideró que los conflictos administrativos de la pareja de Bramati no podían extenderse automáticamente a toda la institución ni a sus integrantes. La acordada observó que el denunciante no había individualizado expresiones, comunicaciones, amenazas, intervenciones extraprocesales ni actos funcionales que permitieran verificar una supuesta animadversión del fiscal o vincularla con un propósito de beneficiar a su conviviente o perjudicar a Ciares.
En definitiva, para el Consejo no existían elementos objetivos que permitieran sostener que Bramati hubiera actuado con parcialidad, arbitrariedad o desviación de su función.
