El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, apuntó contra la intervención nacional del puerto de Ushuaia por la falta de información, las licitaciones impulsadas y la ausencia de mejoras significativas en las instalaciones. Denunció que la ANPyN no responde los pedidos de rendición de cuentas ni las impugnaciones presentadas por la Provincia, mientras trabajadores provinciales continúan sin poder ingresar y empresas privadas utilizan maquinaria del Estado fueguino. También cuestionó la diferencia entre los $13.000 millones de recaudación informados y las contrataciones cercanas a los $20.000 millones, y reclamó la inmediata restitución de la administración portuaria a Tierra del Fuego.
Ushuaia.– El presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, cuestionó duramente la intervención nacional del puerto de Ushuaia y denunció la falta de respuestas oficiales sobre el manejo de los recursos, las licitaciones y la situación de los trabajadores provinciales.
En diálogo con Radio Provincia, sostuvo que no se observan mejoras sustanciales en la infraestructura y puso en duda los argumentos utilizados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para justificar la medida.
Murcia confirmó que los gremios realizaron una manifestación frente a Tribunales, en Buenos Aires, para reclamar la devolución del puerto a la Provincia.
En ese sentido, reiteró que “la intervención desconoce las competencias provinciales y cuestionó la falta de información incluso hacia representantes políticos vinculados con el Gobierno nacional”.
“Me llamó poderosamente la atención que la senadora siga con algunos mensajes que dieron en el relato original, el tema del desvío de fondos, el problema de infraestructura, cuando ya va a ser la segunda temporada y no hubo grandes cambios”, expresó, en referencia a declaraciones de la senadora nacional Belén Monte de Oca.
Sin mejoras visibles y con licitaciones impugnadas
El funcionario aseguró que “pese al tiempo transcurrido, lo único que hemos visto es que han pintado muy bien las sendas peatonales, han hecho un montón de licitaciones, de las cuales, por supuesto, las impugnamos, pero después no vemos grandes cambios”, afirmó.
Recordó que “la intervención fue dispuesta bajo argumentos vinculados con presuntos riesgos estructurales y de seguridad, aunque señaló que esa misma noche el puerto recibió una embarcación de grandes dimensiones, yo sostengo que es todo cháchara desde el primer momento”, manifestó.
Además, aclaró que la actual temporada de cruceros fue planificada por la “Dirección Provincial de Puertos antes de la intervención, dado que la programación portuaria se realiza con hasta tres años de anticipación”.
Murcia también cuestionó el funcionamiento operativo de la terminal y señaló que “recibió comentarios negativos de operadores logísticos, aunque aclaró que no dispone de información oficial al respecto”.
Recaudación de $13.000 millones y licitaciones por casi $20.000 millones
Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con la administración financiera del puerto. Murcia aseguró que “la Provincia solicitó rendiciones de cuentas sin obtener respuestas satisfactorias y advirtió sobre una diferencia significativa entre los ingresos informados y los montos de las licitaciones”.
“Vos vas a la página de ANPyN y dice que recaudaron 13.000 millones de pesos en la temporada pasada y tiene licitaciones por cerca de 20.000”, señaló.
Según explicó, la normativa de obra pública exige contar con los recursos necesarios para afrontar las contrataciones, por lo que reclamó conocer cómo se financiará la diferencia.
“Según la reglamentación, la ley de obra pública, vos tenés que tener el 100% de los fondos”, sostuvo.
También indicó que “los recursos que la administración provincial había reservado para obras de infraestructura actualmente se utilizan para pagar los salarios de los trabajadores que permanecen impedidos de ingresar a la terminal”.
“¿Vos me vas a decir que el Gobierno nacional va a poner la diferencia del dinero cuando no sostiene los hospitales y la universidad y los caminos?”, cuestionó.
Las cifras mencionadas corresponden a la información que Murcia aseguró haber consultado y no permiten, por sí solas, establecer la disponibilidad total de fondos o las condiciones de financiamiento de cada licitación.
Trabajadores excluidos y privados utilizando maquinaria provincial
El titular de la DPP denunció que “trabajadores provinciales continúan sin poder acceder a sus puestos laborales, incluso cuando dentro de las instalaciones permanecen sus pertenencias personales y los equipos que tenían bajo su responsabilidad”.
“El único cambio que ha habido es que no permiten el ingreso de los trabajadores que tienen sus bienes personales y los bienes que tienen a cargo del otro lado”, cuestionó.
Asimismo, aseguró que “empresas privadas contratadas por la intervención realizan tareas anteriormente desarrolladas por esos agentes, utilizando maquinaria perteneciente a la Provincia”.
“Vos imaginate cómo se siente esa persona cuando hay un privado contratado para hacer el trabajo de él sobre la máquina de que él era responsable”, expresó.
Murcia interpretó que esta situación pone en evidencia intereses vinculados con la administración económica de la terminal y señaló que “una máquina que es propiedad de la Provincia, con lo cual indica claramente que el sustrato es la caja. Yo no tengo ninguna duda con respecto a eso”, afirmó.
Falta de respuestas y temor a una prórroga de la intervención
Otro de los aspectos cuestionados fue la ausencia de diálogo institucional con las autoridades nacionales. Murcia aseguró que la ANPyN y la Administración General de Puertos (AGP) no responden adecuadamente las solicitudes de información ni las impugnaciones presentadas por la Provincia.
“Ellos tienen un silencio total, e inclusive te digo más, ahora ni siquiera nos responden las notas de las solicitudes”, denunció.
Explicó que “algunas contestaciones se limitan a invocar la resolución que dispuso la intervención, sin abordar los cuestionamientos jurídicos y administrativos planteados”.
En ese contexto, manifestó su preocupación por una eventual extensión de la medida, cuyo vencimiento está previsto para enero y sostuvo que “espero que se termine antes, pero espero que cumplan y que no encuentren ningún relato nuevo como para extender esta intervención”, señaló.
El funcionario insistió en que los fondos y las instalaciones son “provinciales y que cualquier gasto debe estar sujeto a los organismos de control correspondientes, nosotros claramente las hemos impugnado porque sostenemos, primero, que el puerto es provincial; segundo, los fondos son provinciales”, remarcó.
Interna del MPF: Urquiza y Oyarzún competirán el 15 de noviembre
En otro tramo de la entrevista, Murcia confirmó que el Movimiento Popular Fueguino (MPF) realizará elecciones internas el próximo 15 de noviembre, luego de que no prosperaran las negociaciones para conformar una lista de unidad.
Precisó que quedaron oficializadas dos listas, encabezadas por Mónica Urquiza y Fernando Oyarzún, y descartó la participación de una tercera alternativa.
“Siempre hemos buscado generar una lista de unidad, ir todos juntos y defender al Movimiento Popular Fueguino, pero bueno, es un acto democrático, se presentaron, no hubo acuerdo en las pretensiones y se decidió ir a una interna”, explicó.
Aseguró que la competencia partidaria se desarrollará con normalidad y que ambos sectores participarán del proceso electoral.
Reclamo por la devolución del puerto a la Provincia
Finalmente, Murcia reiteró que “la intervención nacional no ha demostrado, a su entender, mejoras que justifiquen su continuidad y sostuvo que persisten interrogantes sobre la administración de los recursos, las contrataciones y la exclusión de trabajadores provinciales”.
El funcionario reclamó respuestas concretas sobre las licitaciones impulsadas por la ANPyN, las rendiciones de cuentas pendientes y el destino de los fondos generados por la actividad portuaria.
Con una nueva temporada de cruceros en marcha, la Provincia mantiene sus impugnaciones y exige recuperar el control de la terminal. Para Murcia, el principal cuestionamiento ya no se limita a los argumentos que originaron la intervención, sino también a la falta de explicaciones sobre cómo se administra el puerto, quién controla sus recursos y por qué los trabajadores provinciales continúan fuera de sus puestos.
