En la era de la post verdad, son cada vez más los hechos manipulados que distorsionan realidades. Lo que parece un hecho difícil de manipular es la nota que publicó el pasado 6 de julio el medio británico The Economist sobre el diálogo militar secreto entre los gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña y de Argentina.
La administración de Javier Milei desarrolló un giro categórico de su política exterior y de defensa hacia una posición de alineamiento irrestricto con los Estados Unidos de América y con el Estado de Israel. Dejó atrás las históricas posiciones de apoyo al multilateralismo, los derechos humanos, la integración regional y la promoción del diálogo por la paz y la estabilidad mundial, para inmiscuirse en una condición de dependencia y subordinación a intereses ajenos a los nacionales, que implica un riesgo inusitado para todo el país. Este giro, sin dudas, impacta en las relaciones bilaterales con Gran Bretaña.
Es de público conocimiento que el principal socio estratégico para los Estados Unidos es Gran Bretaña, sobre todo en los asuntos relativos al diseño del orden internacional, los intereses geopolíticos compartidos y las alianzas militares. En los últimos cien años, desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin del conflicto en Afganistán en el año 2021, el Reino Unido apoyó militar, política o diplomáticamente las intervenciones militares de los Estados Unidos.
Esta asociación impacta en la región, y particularmente en el Atlántico Sur. Por ejemplo, en 1980, el gobierno de Jimmy Carter publicó el Plan para el Océano Libre, donde se reafirmaba su alianza “indispensable” y de confiabilidad con Gran Bretaña en esa zona. Mayor notoriedad revisten las conclusiones de la Comisión de Análisis y Evaluación de Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur, que presidió el Teniente General Benjamín Rattenbach, donde afirma que, en 1982, el gobierno militar argentino careció de una apreciación y evaluación profunda del escenario internacional y de los intereses comunes entre Estados Unidos y el Reino Unido en la OTAN, que resultaron vitales para el apoyo norteamericano a los británicos durante el conflicto. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que esa asociación vaya a cambiar por un alineamiento irrestricto -coyuntural- del actual gobierno argentino con el de los Estados Unidos?
La explotación de los recursos de las Islas Malvinas
El Reino Unido sostiene una política para preservar sus intereses en el Atlántico Sur y mantener la ocupación ilegal y colonial de las Islas Malvinas. El inicio de las exploraciones de hidrocarburos alrededor del archipiélago a mediados de la década de los 70, alejó a los británicos de las negociaciones en las que discutía con la Argentina la soberanía sobre las islas. Esto implicó la violación de normas internacionales y la desatención de la resolución 2065 de las Naciones Unidas.
A la fecha, se estima que las reservas hidrocarburíferas del Atlántico Sur superan a las del Mar del Norte. La explotación pesquera en esa zona cobró un fuerte impulso en la década de 1980 y llegó a representar el 91% de las exportaciones mundiales durante 2019. Esta actividad les permitió a los ocupantes extraer de aguas de jurisdicción argentina (mediante el otorgamiento de licencias pesqueras ilegales) un promedio anual de 250 mil toneladas de recursos ictícolas, cuya comercialización, entre los años 1976-2019, alcanza la cifra de USD 140 mil millones. No es casual que el PBI per cápita de las Islas sea cercano a los USD 103.000, uno de los más altos del planeta.
Es de destacar el rol económico que cumple la monopólica Falkland Islands Company, un conglomerado constituido en 1851 que acapara el 43% de las tierras de las Islas y concentra el 80% del empleo privado.
A su vez, el Reino Unido posee bases militares en las Malvinas nucleadas en el “Complejo Monte Agradable”, donde se despliega la fortaleza militar mejor equipada de toda América del Sur, con capacidades navales, aéreas, misilísticas, comunicacionales y sistemas de armas de última generación que representan una amenaza directa para la seguridad internacional de Argentina y América del Sur. Desde allí se realizan ejercicios militares vulnerando las normas que la declaran internacionalmente como una zona de paz y cooperación.
Es importante seguir la trayectoria del dominio británico en el Océano Atlántico, determinante para sus intereses geopolíticos: el mismo se inició en Gibraltar en 1704, y continuó a lo largo del siglo XIX en las Islas Gough (1811), Tristán da Cunha (1816), Santa Helena (1834) y las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur (1833), que se constituyeron en la puerta de entrada y proyección al Continente Antártico. Es de destacar que el territorio antártico reclamado por Gran Bretaña, bautizado “Tierra de la Reina Isabel”, se superpone con parte del que reclama Chile y con la totalidad reclamada por la Argentina. Vale recordar, a su vez, que de las diecisiete colonias reconocidas por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, diez siguen bajo dominio británico.
Considerando que el Atlántico Sur tiene una relevancia estratégica debido a sus recursos ictícolas -allí reside una de las mayores reservas del mundo-, reservas hidrocarburíferas y minerales, biodiversidad marina, proyección antártica y cercanía con el paso natural bioceánico (Atlántico y Pacífico) del Estrecho de Magallanes, resulta fundamental afianzar nuestros intereses con mayor presencia y mediante el ejercicio de soberanía. Bajo esta luz, no hay diálogo militar que pueda favorecer los intereses nacionales en las condiciones de subordinación que el gobierno de Javier Milei le impone a nuestro país.
Nuestra gestión de gobierno interrumpió el Diálogo Estratégico de Defensa (que no tenía nada de secreto), entre otras razones, debido a la insistencia británica de imponer el embargo a la venta de armas a la Argentina. Dicho diálogo fue previamente impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en el marco del vergonzoso pacto “Foradori-Duncan” firmado en 2016.
Aquel pacto quedó sin efecto por el impulso del ex canciller Santiago Cafiero, dado que favorecía a los intereses británicos en los asuntos relativos a las Islas Malvinas, la Antártida y la exploración de recursos en la zona. En la actualidad, rige un nuevo acuerdo firmado en septiembre del 2024 por los ex cancilleres Diana Mondino y David Lammy que revive los objetivos y alcances del acuerdo suscripto en 2016.
Resumiendo lo dicho hasta aquí, lo que el Reino Unido disputa en el Atlántico Sur es la continuidad de su presencia colonial, la explotación de nuestros recursos naturales y su proyección geopolítica hacia la Antártida. Frente a esto, una política exterior y de defensa subordinada y dependiente a los Estados Unidos, principal aliado estratégico del Reino Unido, no solo debilita la posición argentina, sino que termina reforzando los intereses británicos en la región. Además, esa alineación arrastra al país a conflictos ajenos y bloquea la posibilidad de cooperar con terceros países en una estrategia nacional.
El Reino Unido viene trazando su propio mapa de poder en el Atlántico Sur. Y, por acción u omisión, el actual gobierno argentino está colaborando con ese diseño. Existe otro camino: uno basado en la defensa activa de nuestros intereses vitales mediante una mayor presencia en el Atlántico Sur, una política de disuasión creíble, la cooperación regional y una auténtica autonomía estratégica. Solo así podremos proteger nuestra soberanía y proyectarnos como un país con mayor peso y voz en el escenario internacional.
Por Francisco Cafiero * Director del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” de la Universidad Nacional de Lanús. Exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa (2019-2023) / Perfil
