Puerto de Ushuaia: trabajadores respaldan el fallo judicial y cuestionan la postura de las cámaras empresariales

La intervención nacional del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo tras la resolución del juez Sergio Pepe, quien habilitó el ingreso de personal de la Secretaría de Ambiente para realizar inspecciones en la terminal marítima. La decisión judicial llegó después de cuatro intentos fallidos de fiscalización, ante las restricciones impuestas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La trabajadora portuaria Valeria Barría destacó el pronunciamiento y consideró que representa un avance para recuperar las facultades de control de los organismos provinciales. Barría denunció que las limitaciones de acceso no estuvieron dirigidas únicamente a los inspectores ambientales, sino también a trabajadores, autoridades portuarias y representantes de instituciones fueguinas. Incluso señaló que personal del Tribunal de Cuentas encontró impedimentos para verificar los bienes de la terminal. “Como nos ha ocurrido a nosotros los trabajadores y a las autoridades portuarias, al presidente, vicepresidente, los trabajadores, e incluso la gobernación, como siempre lo venimos diciendo, no dejan ingresar a nadie”, manifestó al cuestionar el manejo de la intervención. Otro de los puntos de conflicto surgió a partir de un comunicado difundido por cámaras comerciales, hoteleras y turísticas. La representante del sector portuario expresó su malestar por la posición adoptada por estas organizaciones, a las que acusó de no acompañar los reclamos de los trabajadores pese a las reiteradas invitaciones al diálogo. Además, sostuvo que las entidades empresariales buscan trasladar la responsabilidad de la crisis al personal del puerto. “No somos nosotros los culpables de que esta intervención haya sido manejada de esta manera”, afirmó. En sus cuestionamientos a la administración nacional, Barría aseguró que la intervención perjudica los intereses provinciales y denunció presuntas irregularidades en el manejo de recursos y contrataciones. También reclamó que las cámaras empresariales dirijan sus exigencias hacia el organismo nacional. “Creo que el reclamo ellos se lo tienen que hacer a ANPyN. Porque si acá hay alguien que tiene que levantarse e irse, es ANPyN”, expresó, al considerar que la continuidad de la intervención afecta las competencias de Tierra del Fuego sobre la terminal marítima. Finalmente, la trabajadora convocó a construir una posición conjunta entre los distintos sectores de la sociedad fueguina para defender el funcionamiento y la administración del puerto. Consideró que el conflicto no debe limitarse a una disputa entre los gobiernos nacional y provincial, sino involucrar a empresarios, trabajadores, legisladores y representantes judiciales. “Todos tenemos la responsabilidad de defender el puerto”, concluyó, al reclamar mayor compromiso institucional frente a una situación que considera determinante para el futuro económico de Ushuaia. ]]>