Tras la inspección ambiental realizada en el Puerto de Ushuaia, la funcionaria provincial Lisi Cristófano aportó detalles sobre lo que observaron los equipos técnicos, el comportamiento de los responsables de la intervención nacional y las razones que llevaron a la Provincia a solicitar la intervención judicial.
Uno de los puntos que aclaró fue la presencia de residuos peligrosos dentro de las instalaciones. Según explicó, no se trata de un hallazgo inesperado ni constituye por sí mismo una irregularidad.
"Los residuos peligrosos ya venían siendo declarados por la Dirección Provincial de Puertos. Por eso era que nosotros teníamos conocimiento", sostuvo en declaraciones a TVP Noticias.
En ese sentido, señaló que el problema surgió cuando la intervención nacional comenzó a impedir el ingreso de los inspectores, interrumpiendo los controles que habitualmente realizaba la Provincia.
Consultada sobre posibles incumplimientos ambientales, Cristófano fue cautelosa y explicó que serán los especialistas quienes determinen las conclusiones del procedimiento.
"No puedo hablar de irregularidades en esta instancia porque tienen que decirlo las áreas técnicas", respondió.
No obstante, aclaró que durante la recorrida no se registraron situaciones que motivaran una intervención inmediata.
"La Secretaría de Ambiente tiene potestades para tomar medidas en el momento. Y no se adoptaron medidas en el momento", precisó.
Los inspectores tomaron fotografías y labraron las actas correspondientes, que ahora serán analizadas por las direcciones provinciales de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos.
Otro de los aspectos sobre los que se pronunció fue la relación con las autoridades nacionales durante el procedimiento.
A diferencia de los anteriores intentos de inspección, esta vez los responsables de ANPyN y el personal técnico del puerto acompañaron a los inspectores provinciales y respondieron las consultas.
Según detalló, durante el recorrido se abordaron cuestiones vinculadas con el manejo de residuos, el funcionamiento de los talleres y los proyectos de obras sobre las instalaciones portuarias.
La funcionaria manifestó su expectativa de que este intercambio permita recuperar una dinámica habitual de fiscalización, especialmente durante la temporada de cruceros y de operaciones vinculadas con la Antártida.
Cristófano también cuestionó que se haya impedido el ingreso de los organismos provinciales en cuatro oportunidades.
"La Secretaría de Ambiente pudo ingresar siempre. Es la primera vez en donde tengo que acudir como abogada, presentarme en la Justicia, que la Justicia me responda y me diga que puedo entrar con la fuerza", expresó.
Remarcó que el organismo provincial no pretende interferir en la administración portuaria, sino ejercer las competencias ambientales que le corresponden.
"Nosotros ingresamos a controlar porque somos autoridad ambiental provincial y la Provincia tiene control sobre la parte ambiental", sostuvo.
Advirtió además que, si las autoridades vuelven a obstaculizar los procedimientos, acudirán nuevamente a las vías judiciales.
"Esperemos que el año que viene no esté más intervenido el puerto"
Hacia el final de sus declaraciones, Cristófano dejó una definición sobre la continuidad de la intervención nacional.
Consultada sobre qué podría ocurrir cuando corresponda realizar una nueva inspección, respondió: "Esperemos que el año que viene no esté más intervenido el puerto".
En cuanto a las eventuales consecuencias de esta fiscalización sobre la intervención de ANPyN, reconoció que no podía anticipar ningún impacto concreto.
Por el momento, los informes técnicos serán determinantes para establecer si existen incumplimientos ambientales. Mientras tanto, la funcionaria espera que el ingreso autorizado por la Justicia siente un precedente para que los controles provinciales puedan volver a desarrollarse sin obstáculos.
