Puerto de Ushuaia: Nación prevé gastar 100 veces más en seguridad mientras desplaza a trabajadores

La intervención nacional del Puerto de Ushuaia vuelve a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una millonaria licitación destinada a contratar servicios de vigilancia privada. La Administración General de Puertos (AGP) puso en marcha un procedimiento con un presupuesto cercano a los 4.000 millones de pesos por doce meses, una cifra que generó fuertes cuestionamientos entre los trabajadores portuarios.La convocatoria corresponde a la licitación pública 15/2026, cuya apertura de ofertas está prevista para el próximo 11 de noviembre. Se trata de un presupuesto oficial y no de una contratación ya adjudicada.La trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, Valeria Barría, advirtió sobre la diferencia entre el monto previsto por Nación y los aproximadamente 40 millones de pesos anuales que, según indicó, contemplaba un contrato celebrado por la administración provincial con la empresa Bushi-Do en noviembre de 2025.“Es una cifra extraordinaria que no está dentro de los números que se venían manejando dentro de la Dirección Provincial del Puerto”, sostuvo Barría, quien calificó la convocatoria como una “licitación escandalosa”.La comparación expone una diferencia de casi cien veces entre ambos presupuestos, aunque para determinar si existe un sobreprecio sería necesario conocer si las prestaciones, la cantidad de personal y las condiciones de los contratos son equivalentes. Contratan seguridad mientras mantienen desplazados a trabajadores provincialesMás allá de los montos, uno de los principales cuestionamientos apunta a la decisión de contratar servicios externos cuando la terminal ya contaba con trabajadores capacitados para realizar tareas de control, vigilancia y supervisión.Barría explicó que, antes de la intervención, la seguridad se organizaba mediante un esquema que combinaba personal provincial con servicios privados. Los controles se distribuían entre el acceso principal, el sector de catamaranes y el centro de monitoreo.“El personal de seguridad que siempre estuvo ejerciendo esas tareas de control, supervisión y de seguridad en las instalaciones portuarias es personal verificado y certificado por todas las normas internacionales”, remarcó.La trabajadora también cuestionó que la Provincia continúe afrontando los salarios de agentes que no pueden regresar a sus puestos, mientras la administración nacional incorpora nuevos prestadores para desarrollar funciones similares.“Sabemos también que han contratado y están contratando dotación de personal que viene desde afuera, desde otros puertos. Están contratando personal o gente de la ciudad para hacer las mismas tareas que el personal de planta las veníamos realizando”, denunció. Una contratación que supera el plazo inicial de la intervenciónOtro aspecto que genera interrogantes es la duración del servicio previsto en la licitación.La intervención nacional del Puerto de Ushuaia comenzó en enero de este año, con un plazo inicial de doce meses. Sin embargo, el nuevo contrato de vigilancia también contempla un año de prestación, por lo que su ejecución se extendería más allá de enero de 2027.Si bien la resolución nacional contempla la posibilidad de prorrogar la intervención, los trabajadores cuestionan que se proyecten compromisos de largo plazo mientras continúa sin resolverse el conflicto judicial por la administración de la terminal.Las críticas también alcanzaron los trabajos de infraestructura que se realizan en el puerto.Barría aseguró que, en el marco del recambio de 75 defensas del muelle, se están colocando elementos provenientes del puerto de Río Grande que se encontraban en desuso, mientras todavía no habrían llegado las nuevas piezas correspondientes a la contratación adjudicada a la firma Concret Nor.Además, denunció restricciones al ingreso de inspectores provinciales de Ambiente y reclamó que las intervenciones realizadas sobre el canal Beagle cumplan con las evaluaciones y autorizaciones ambientales correspondientes. La disputa por el puerto sigue abiertaA nueve meses de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la controversia continúa tanto en el plano administrativo como judicial.Los trabajadores esperan definiciones sobre las presentaciones realizadas contra la medida nacional, mientras un grupo de agentes también impulsa una demanda vinculada con sus fueros gremiales.En este escenario, la nueva licitación suma otro punto de conflicto: el destino de los recursos económicos del puerto y la decisión de contratar servicios externos mientras personal provincial permanece apartado de sus funciones.Por el momento, los cuestionamientos sobre los montos y las condiciones de contratación corresponden a las denuncias de los trabajadores y no constituyen una irregularidad acreditada. La comparación de los contratos y la documentación del proceso licitatorio serán fundamentales para determinar si los gastos previstos están justificados.