La demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en resolver el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia volvió a generar cuestionamientos. Esta vez fue el exlegislador territorial y exministro fueguino Adrián de Antueno quien expresó un fuerte rechazo a la falta de definiciones del máximo tribunal, al considerar que su inacción permite que se prolongue una situación que vulnera las competencias provinciales.
"La parálisis de la Corte Suprema de Justicia frente a la intervención ilegal del Puerto de Ushuaia es una verdadera vergüenza institucional y un golpe directo a nuestra autonomía provincial", sostuvo.
De Antueno, quien también ejerció como gobernador interino de Tierra del Fuego, cuestionó que el conflicto continúe sin una resolución de fondo mientras la administración nacional mantiene el control de la principal terminal portuaria fueguina.
"Hay una clara omisión y esto ocurre cuando la inacción o el silencio de la Corte permite que se sigan vulnerando preceptos de la Constitución, en perjuicio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur", expresó.
En su pronunciamiento, también advirtió sobre la incertidumbre que atraviesan más de 140 familias vinculadas a la actividad portuaria y cuestionó el destino de los ingresos generados por la temporada de cruceros.
El fallo que obliga a transparentar las cuentas
Las declaraciones se conocen después de que el juez federal Federico Calvete hiciera lugar a un amparo presentado por El Diario del Fin del Mundo y ordenara a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) entregar información sobre ingresos, gastos, contrataciones y administración de recursos del puerto.
La sentencia, dictada el 30 de octubre, estableció un plazo de diez días para proporcionar la documentación pendiente y dispuso levantar la reserva que pesaba sobre gran parte del expediente judicial.
Para De Antueno, esta resolución expone la falta de transparencia en el manejo de los fondos durante la intervención nacional.
El exfuncionario fue más allá y acusó a la intervención de buscar "saquear una caja superavitaria de manera discrecional", una afirmación de su exclusiva responsabilidad que no constituye una conclusión del fallo judicial.
Un conflicto que sigue sin definición
La controversia se remonta al 21 de enero, cuando el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, una decisión cuestionada judicialmente por la Provincia por considerar que avanza sobre sus competencias y recursos.
Mientras la disputa por la constitucionalidad de la medida llegó a la órbita de la Corte Suprema, continúan desarrollándose otras actuaciones judiciales relacionadas con el funcionamiento y la administración de la terminal.
"La demora de la Corte Suprema no es neutralidad, es el paraguas político que el centralismo necesita para seguir avanzando sobre el federalismo y los recursos de Tierra del Fuego", concluyó De Antueno.
