Unas 100 familias que desarrollan emprendimientos productivos en la Margen Sur de Río Grande esperan una solución definitiva a un conflicto por la propiedad de las tierras que se extiende desde hace más de una década. Mientras continúan invirtiendo en sus chacras, produciendo alimentos y generando empleo, algunas ya fueron notificadas de acciones judiciales iniciadas por la empresa Pole Fueguina S.A.
El conflicto se concentra en el macizo 67 del barrio Los Productores, un sector que quedó excluido de la Ley Provincial 1287, sancionada en 2019 para avanzar con la expropiación y regularización de otros terrenos destinados a la producción.
Esta semana, las comisiones de Economía y de Recursos Naturales de la Legislatura provincial emitieron dictamen favorable al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos en cuestión.
Sin embargo, el avance legislativo todavía no resuelve el problema de fondo: cómo se financiará la expropiación y qué sucederá con las demandas judiciales que enfrentan los productores.
En una entrevista con TV Pública Fueguina, Gustavo Diez de los Ríos y Francisco Barría, ambos productores de la Margen Sur, explicaron los antecedentes del conflicto y plantearon la necesidad de alcanzar una solución que les permita continuar desarrollando sus emprendimientos.
Una historia de expropiaciones inconclusas
Diez de los Ríos explicó que el problema se remonta a los primeros intentos de regularización de las tierras, cuando numerosos productores comenzaron a instalarse en un sector que prácticamente carecía de infraestructura.
En 2011 se sancionó la Ley Provincial 848, durante la gestión de Fabiana Ríos, que contemplaba la expropiación de distintos terrenos de la Margen Sur. Sin embargo, el procedimiento no llegó a completarse.
Posteriormente, en 2019, durante la gestión de Rosana Bertone, se aprobó la Ley 1287, que volvió a establecer un mecanismo de expropiación para regularizar las tierras productivas, aunque dejó fuera al macizo 67.
"Nosotros fuimos con nuestros proyectos productivos y nos instalamos y fuimos poblando todo ese sector, ese macizo que no tenía ni siquiera calles", recordó Diez de los Ríos.
Según relató, fueron los propios vecinos quienes avanzaron con el acondicionamiento del lugar, el relleno de calles, la colocación de postes y las gestiones para acceder a servicios básicos.
También señaló que, a lo largo de los años, distintos organismos municipales, provinciales y nacionales acompañaron emprendimientos del sector mediante programas de asistencia, recursos e inversiones productivas.
Pole Fueguina: un conflicto judicial que viene de años
La controversia tiene como protagonista a Pole Fueguina S.A., una empresa que anteriormente había demandado al Gobierno provincial por el incumplimiento de un convenio de expropiación firmado en junio de 2012.
Aquel acuerdo establecía un pago de 12,6 millones de pesos por las parcelas involucradas. Sin embargo, el procedimiento quedó atravesado por objeciones legales.
Un dictamen de la Fiscalía de Estado de 2013 advirtió irregularidades y obstáculos jurídicos en la operación, entre ellos la venta previa de una de las parcelas a la firma El Imperio S.R.L. y la situación de otro sector identificado como espacio verde municipal.
La empresa recurrió a la Justicia para reclamar el cumplimiento económico del convenio, pero su pretensión fue rechazada en primera y segunda instancia. En 2021 se informó que el caso había llegado a instancia de casación ante el Superior Tribunal de Justicia.
Según explicó Diez de los Ríos, posteriormente la empresa inició una nueva acción judicial, esta vez dirigida contra ocupantes de las tierras.
"Es una demanda que inició en el 2023", precisó, al señalar que las actuaciones tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Río Grande.
El productor sostuvo que varios vecinos ya fueron notificados y algunos se presentaron en el expediente para ejercer su defensa.
Además, cuestionó el alcance de la acción judicial, que describió como "un desalojo disfrazado de una reivindicación", debido a que, según indicó, el reclamo contempla la posibilidad de un posterior desalojo.
"Esa es nuestra preocupación hoy", reconoció, al advertir que las familias siguen invirtiendo en sus emprendimientos sin saber cuál será el desenlace del conflicto.
"Nosotros no nos negamos a pagar"
Uno de los puntos que ambos productores buscaron aclarar durante la entrevista es que no pretenden recibir gratuitamente las tierras.
"Nosotros no nos negamos a pagar", sostuvo Diez de los Ríos, quien explicó que los ocupantes buscan una regularización que les permita acceder a los títulos de propiedad y devolver los fondos que el Estado destine a la expropiación.
Barría coincidió en la necesidad de resolver el problema y remarcó: "No es que nosotros queremos que nos regalen. Nosotros queremos que esto se regularice como corresponde y poder pagar como corresponde".
De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, algunos productores incluso propusieron negociar directamente con representantes de la empresa para alcanzar un acuerdo económico, pero aseguraron que hasta el momento no consiguieron avanzar por esa vía.
El principal obstáculo sigue siendo el financiamiento.
Durante la reunión legislativa, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, participó de manera remota y se analizaron posibles alternativas para afrontar el costo de la expropiación.
La legisladora Myriam Martínez también reconoció que resta determinar de dónde saldrán los recursos necesarios y aclaró que la aprobación de la ley no significará una transferencia inmediata de la propiedad.
El procedimiento deberá continuar con las tasaciones, la expropiación propiamente dicha y la posterior adjudicación a los productores.
Chacras que producen alimentos, empleo y conocimiento
Más allá del conflicto legal, los productores destacaron el crecimiento que experimentó el barrio durante los últimos años.
En el sector funcionan emprendimientos hortícolas, avícolas y de otras actividades vinculadas con la producción de alimentos. Según explicaron, existen establecimientos con entre 1.200 y 1.300 gallinas ponedoras y proyectos que han ampliado considerablemente su infraestructura.
Diez de los Ríos aseguró que, de acuerdo con los registros de su asociación, que cuenta con más de 60 integrantes, la superficie destinada a producción aumentó alrededor de un 30% durante los últimos cuatro o cinco años.
También destacó que distintas chacras generan puestos de trabajo registrados y mantienen vínculos con instituciones educativas, universidades y organismos técnicos como el INTA.
Los establecimientos reciben estudiantes de distintos niveles, participan en experiencias de investigación y desarrollan trabajos vinculados con semillas y adaptación de cultivos a las condiciones climáticas fueguinas.
"Nosotros somos micro, micro emprendedores. O sea, todo lo hacemos a pulmón. No tenemos millones para invertir", describió.
Francisco Barría y una chacra pensada para todos
Francisco Barría, uno de los productores más antiguos del sector, contó que comenzó a trabajar la tierra en el año 2000 y que su objetivo siempre fue demostrar que Tierra del Fuego tiene condiciones para desarrollar una mayor producción local.
"Tenemos un suelo muy sano, una riqueza terrible natural y es muy poco explotada", expresó.
En su establecimiento desarrolla cultivos sin utilización de agrotóxicos, según explicó, y apuesta especialmente a transmitir conocimientos a las nuevas generaciones.
Actualmente se encuentra próximo a inaugurar un invernadero accesible para personas que utilizan sillas de ruedas, pensado también como espacio de encuentro y participación para adultos mayores.
Para Barría, el trabajo en las chacras no se limita a una actividad económica, sino que constituye una herramienta educativa y una oportunidad para promover formas de producción más sustentables.
Qué establece el nuevo proyecto de expropiación
El proyecto de ley identificado como Asunto 552/26, presentado por el Poder Ejecutivo el 29 de septiembre, propone incorporar a un régimen de regularización las parcelas 1, 2 y 3 del macizo 67, Sección K de Río Grande.
La iniciativa establece que los terrenos serán destinados a sus actuales ocupantes, siempre que cumplan con los requisitos previstos y acrediten el desarrollo de proyectos productivos.
La transferencia será a título oneroso, es decir, los beneficiarios deberán pagar por las tierras, permitiendo que el Estado recupere los fondos invertidos en las indemnizaciones correspondientes.
El texto también contempla que las mejoras realizadas por los propios ocupantes, como construcciones, instalaciones o cultivos, queden excluidas de la expropiación.
Además, establece restricciones para evitar la especulación inmobiliaria: los adjudicatarios deberán conservar el destino productivo y no podrán vender, ceder ni alquilar las tierras durante un período que se extenderá hasta 20 años después de obtener el título de propiedad.
El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat tendrá intervención en la administración y mensura de los terrenos, mientras que una Comisión de Chacras participará en el relevamiento de los emprendimientos y en el proceso de regularización.
El proyecto obtuvo dictamen favorable el miércoles 21 de octubre y quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento legislativo, aunque todavía resta su eventual sanción y posterior implementación.
Una solución que esperan desde hace más de una década
Para los productores, el debate va más allá de la propiedad individual de cada chacra. Sostienen que está en juego la continuidad de emprendimientos que aportan alimentos al mercado local, generan actividad económica y contribuyen a diversificar la matriz productiva de Río Grande.
Diez de los Ríos también advirtió que la incertidumbre podría extenderse a otros sectores del barrio si no se completan los procesos de regularización previstos en la legislación vigente.
En total, estimó que son más de 300 las familias vinculadas con los distintos macizos que integran el barrio Los Productores.
Mientras tanto, quienes ocupan el macizo 67 esperan que el nuevo proyecto permita resolver una situación que lleva años sin definiciones.
La discusión ya no pasa solamente por declarar la utilidad pública de las tierras, sino por concretar una expropiación que permita transformar años de trabajo e inversión en seguridad jurídica para las familias productoras.
