La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, actuando con el patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, reclamó hoy vía acción de amparo, “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió el Presidente, Javier Milei, para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”. El expediente quedó radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de la Dra. Marta Rey, como Expte. Nº 27.651/2025.
“Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos, tratándose de obras y servicios que son parte sustantiva de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el art. 42 de la C.N.”, indicaron en un comunicado de prensa difundido hoy.
La fundamentación se centra en que el apresuramiento en imponer este desguace del aparato estatal, “genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT, cuyas disposiciones, así como las resoluciones tuitivas de estos derechos humanos, se invocan y desarrollan extensamente en la reclamación judicial”, según señala el documento.
Además, tanto Aleñá como Barcesat argumentaron: “La seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial de la República Argentina, constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte, y las mercancías producto de las economías regionales, para el consumo interno y la exportación a terceros países”.
“En definitiva, existe un gigantesco avance en la perversa tarea de destrucción del Estado/Nación, con la pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones de mercaderías que proveía la industria nacional”, señalaron la sindicalista y el letrado en forma conjunta. Así, agregaron que se trata de “las mismas y fracasadas políticas económicas e institucionales del Estado terrorista, entre 1976 y 1983, la entrega de las empresas estatales del menemismo, proseguidas bajo la gestión macrista, al tiempo que endeudaron al país en cifras astronómicas, comprometiendo la titularidad del pueblo argentino y de las provincias sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio”.
Finalmente, el Amparo es una acción que “se les recuerda a los jueces del Poder Judicial de la Nación, que su deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 C.N. y art. 3º, Ley 27), a través del control de legalidad y razonabilidad de las normas y actos que emanan de los otros poderes que conforman el Gobierno Federal”, concluyeron Aleñá y Barcesat.
