La iniciativa busca que el listado de registros de embarcaciones y permisos pesqueros sea de acceso libre, en línea y permanente. La fundación Sin Azul No Hay Verde y organizaciones ambientales respaldaron la propuesta legislativa frente a la persistente negativa del Gobierno nacional a transparentar el manejo del Mar Argentino.
El detalle de la iniciativa en el Congreso
Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados con el objetivo de que la información sobre embarcaciones, permisos y cuotas de pesca en el país sea pública, actualizada y accesible a través de internet. La iniciativa, impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro, propone modificar la Ley Federal de Pesca para obligar a la autoridad de aplicación a publicar en formatos abiertos todos los datos que actualmente reúne el Registro de la Pesca. Esto incluye el detalle técnico y administrativo de las embarcaciones, sus titulares, los permisos otorgados, las cuotas de captura, las transferencias comerciales y las sanciones vigentes de cada buque.
La presentación del proyecto cosechó el respaldo inmediato de la fundación Sin Azul No Hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales, quienes vienen denunciando el hermetismo oficial en la administración pesquera.
El reclamo por los recursos compartidos
El coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, advirtió que la apertura de estos registros es fundamental para resguardar el ecosistema marino. El referente ambiental remarcó que «se trata de información sobre embarcaciones que explotan un recurso natural que es de todos y que, por lo tanto, debe ser pública». En este sentido, Coustet precisó que disponer de datos abiertos permite verificar rápidamente si un buque opera con la autorización correspondiente, qué tipo de red utiliza o si «debería haber perdido su licencia por sanciones acumuladas». Además, subrayó que el libre acceso a la información favorece el control entre pares y consolida una verdadera rendición de cuentas dentro de la actividad extractiva.
El impulso legislativo surge precisamente luego de que estas organizaciones solicitaran de manera formal la apertura de los registros ante el Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Pesca, sin lograr una respuesta favorable por parte de las autoridades competentes.
Trazabilidad y el escenario regional
Por su parte, la directora del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, apuntó que el país posee información muy valiosa sobre su flota que hoy permanece inaccesible para la ciudadanía. La especialista valoró el proyecto en el Congreso al considerar que «convierte datos que ya existen en una herramienta real de transparencia, control y contribuye a la lucha contra la pesca ilegal». Según su perspectiva, transparentar estos números resulta un paso indispensable para saber con exactitud quién pesca y bajo qué autorizaciones opera en aguas nacionales.
Desde las entidades ambientales sostienen que fortalecer los mecanismos de control mediante la publicidad de los datos permite mejorar la trazabilidad comercial, una exigencia cada vez más estricta en los principales mercados internacionales.
El texto del proyecto establece que la información deberá actualizarse mensualmente y mantenerse disponible de forma permanente con trazabilidad histórica. De aprobarse esta modificación, Argentina lograría alinearse con la mayoría de los países latinoamericanos que poseen flotas industriales, como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala, naciones que ya cuentan con sistemas públicos consolidados para la consulta ciudadana.
