Los Diputados nacionales presentaron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó de manera sustancial la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).
La presentación realizada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, quienes advirtieron que el decreto configura un grave retroceso institucional al alterar el sistema de inteligencia sin debate parlamentario y habilitar un entramado de acciones que, según sostienen, carecería de controles efectivos.
“Junto a Mónica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”, expresó Ferraro a través de la red social X, donde además remarcó la gravedad del avance del Ejecutivo sobre facultades que corresponden al Congreso.
En el escrito judicial, sostienen que no existieron ni existen razones de necesidad y urgencia que justifiquen el dictado del decreto. Subrayan que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y que una reforma de esta magnitud requiere un debate democrático profundo.
“Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, señalan, y remarcan que la modificación del sistema de inteligencia es una materia sensible que exige deliberación, equilibrio institucional y control parlamentario, principios que, afirman, fueron deliberadamente soslayados.
El amparo sostiene que el DNU viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia, así como el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al habilitar prácticas que podrían afectar derechos y libertades fundamentales.
En su presentación, los legisladores enfatizan que el decreto cuestionado invade materias expresamente vedadas para los DNU, como las de carácter penal o procesal penal. En particular, destacan que la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia constituye una violación directa a los límites constitucionales.
“La disposición del Poder Ejecutivo no cumple con los presupuestos para el dictado de un DNU, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna”, afirman en el escrito, al tiempo que alertan sobre el riesgo de un uso discrecional del aparato de inteligencia sin control judicial ni parlamentario.
La presentación del amparo reabre un debate de fondo sobre el alcance del poder presidencial y el uso recurrente de decretos para modificar marcos normativos sensibles. En particular, el sistema de inteligencia ha sido históricamente un área atravesada por cuestionamientos, abusos y reformas orientadas a limitar su opacidad.
La ampliación de facultades de la Side por vía de un DNU, sin control legislativo y con habilitaciones que rozan el terreno penal, despierta alarmas no solo en la oposición política, sino también en sectores especializados en derechos humanos e institucionalidad democrática.
