A partir de registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, se conoció créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $400 millones.
La información surgió a partir de registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por Andrés Snitcofsky. El sitio permite seguir la evolución del endeudamiento de personas políticamente expuestas, lo que impulsó la difusión de los casos.
A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de funcionarios, asesores y legisladores vinculados al oficialismo que obtuvieron financiamiento para vivienda.
Entre ellos figuran integrantes del equipo económico:
Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, obtuvo un crédito de $510 millones en diciembre de 2025, (US$ 350.000.)
Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, quien accedió a $373 millones en febrero de 2025 ( US$ 315.000).
Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un préstamo de $367 millones en agosto de 2025, ( US$ 276.000.)
Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, obtuvo $302 millones en octubre de 2025 ( US$ 211.000).
Juan Pablo Carreira , director de Comunicación Digital, conocido como “Juan Doe”, accedió a un crédito de $112 millones en diciembre de 2025, ( US$ 76.000.)
Los legisladores de La Libertad Avanza:
Mariano Campero obtuvo $279 millones en mayo de 2025 (unos US$ 243.000)
Santiago Santurio, $303 millones en julio de 2025 (US$ 239.000)
Lorena Villaverde, $227 millones en enero de 2025 ( US$ 218.000). Según la información aportada, su préstamo había sido rechazado inicialmente.
Alejandro Bongiovanni, con $255 millones en enero de 2026 ( US$ 176.000)
También los legisladores María Frías y Alejandro Carrancio, ambos con créditos de unos US$ 145.000 al momento de su adjudicación.
El diputado nacional Esteban Paulón, miembro de la bancada Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para determinar "si existen indicadores o evaluaciones específicas vinculadas a la gestión de la cartera crediticia y al cumplimiento de criterios de transparencia e igualdad en el acceso al crédito".
También si hubo controles de la SIGEN que hayan medido "potenciales conflictos de interés o trato preferencial en el otorgamiento de créditos".
Paulón también involucró a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, y pidió saber si hubo advertencias al BNA por un eventual "exceso de límites de asistencia crediticia a 'personas vinculadas' (funcionarios públicos) y/o personas políticamente expuestas".
