El hecho tomó notoriedad en julio del 2022 cuando aparecieron dos casos de jóvenes intoxicados que aún hoy poseen secuelas graves en su salud, tras ingerir bebidas en un after que se realizó en una cervecería sin habilitación en el barrio San Martín de Río Grande.
La jueza de instrucción 1 María Rosa Santana dispuso la reserva de las actuaciones al no poder determinar el origen de los hechos que motivaron que el 24 de julio de 2022 Martín Lezcano y Braian Barrera; resultaran con quemaduras y severas lesiones internas tanto en el tracto respiratorio como digestivo tras haber consumido distintas bebidas alcohólicas.
Todo sucedió en un after en un local denominado “La Fábrica” de calle Mariano Moreno en el barrio San Martín que no estaba habilitado para tal actividad nocturna de la que tomaron parte cerca de una veintena de personas.
En el lugar la investigación determinó que se vendían bebidas alcohólicas, en particular cerveza artesanal, pero que de todos los asistentes que consumieron solo estos dos casos presentaron esta grave intoxicación.
El caso determinó que ambas víctimas habrían consumido de un vaso que estaba en la barra del local, pero sin poder precisarse que contenía, así como tampoco al autor de la manipulación de la bebida, que en algún momento se presumió pudo ser contaminada con soda cáustica.
La cerveza de esta fábrica fue tirada a los desagües en un procedimiento entre el municipio y Policía, y los exámenes posteriores a esta bebida no arrojaron adulteración alguna. Los análisis médicos a las víctimas tampoco pudieron precisar cual fue la sustancia causante de la intoxicación.
Tanto el fiscal del caso Ariel Pinno como la magistrada interviniente debieron dejar sin efecto la notificación de derechos y garantías que pesaba sobre los responsables de la cervecería; Alejandro Gabriel Machuca y José Antonio González, ambos representados por el abogado Lucas Sartori, y únicos sospechosos en la causa contra los cuales no se encontró prueba alguna de su autoría en el hecho.
La reserva de la causa la mantiene latente a la espera de producción de prueba alguna que pueda reactivarla, algo realmente improbable tras 3 años de proceso e investigación judicial.
