La jueza de la causa convocó ayer a autoridades provinciales del área de Seguridad a fin de ponerlos en conocimiento de los hechos investigados que motivaron una serie de allanamientos. Allí se le informó que ya se había resuelto el recambio de autoridades en la Unidad de Detención 1 y el desplazamiento preventivo de los uniformados notificados en la causa.
El Servicio Penitenciario definió el pase a disponibilidad de los 7 penitenciarios notificados de derechos y garantías en la causa por vejámenes y supuesta “asociación ilícita” con los reclusos que agredieron a otros tres internos.
Los siete funcionarios que integraban esa guardia, y el director del penal Raúl Ciares, fueron apartados de funciones de manera preventiva hasta tanto se resuelva su situación procesal.
De momento se definió como nuevo Director de Seguridad Zona Norte al prefecto Walter Oscar Silva y se designó como Director de Unidad de Detención al alcaide Jhonatan Almazán.
Ahora la Justicia inicia un trabajo pericial sobre los celulares incautados a los penitenciarios, así como los dos aparatos encontrados dentro del pabellón, a fin de determinar si existe algún tipo de connivencia o “asociación ilítica” como requirió el Fiscal Mayor para que la jueza procediera.
En ese sentido incluso se pidió levantar el secreto bancario sobre las cuentas de cada uno de los funcionarios notificados a fin de verificar si hay algún aprovechamiento económico a partir de la inacción a lo largo de dos horas y media en que se produjo la golpiza dentro del pabellón, así como la continua disponibilidad de celulares por parte de los presos y ya varias causas donde se manifiesta el consumo de drogas intramuros.
La jueza informó a funcionarios de Gobierno
Asimismo este viernes se llevó a cabo una reunión entre la jueza de la causa, la Dra. Cecilia Cataldo con el jefe de Gabinete Jorge Canals, así como el titular de la Secretaría de relación con las fuerzas de Seguridad, Gonzalo Valenzuela.
Los funcionarios fueron convocados para entrega formal de las actuaciones y medidas llevadas adelante, a fin de garantizar las medidas de seguridad de las tres víctimas de este hecho, actualmente recluidos en Ushuaia, donde serán visitados la semana que viene a fin de prestar declaración testimonial.
En ese sentido se recordó la prohibición de acercamiento, tanto de los funcionarios penitenciarios como de los reclusos imputados por la golpiza, hacia las víctimas.
Asimismo los funcionarios provinciales pudieron tomar contacto con los videos de la cámara de seguridad del pabellón B que registró los vejámenes del pasado 9 de mayo, y la inacción del personal penitenciario que incluso ingresó al pabellón durante la golpiza en el interior de una celda de la planta superior.
Al momento de este encuentro el pase a disponibilidad del personal penitenciario involucrado ya estaba definido.
