El escándalo que involucra al PAMI parece replicarse en distintas provincias. Se trata de una serie de denuncias sobre presuntos retornos que los responsables de La Libertad Avanza vienen realizando a los funcionarios políticos de la obra social de los jubilados para financiar las actividades de campaña.
Uno de los casos es en Misiones, donde Carlos Adrián Nuñez, fue denunciado penalmente junto al resto de la conducción partidaria, por retener el 10 % del sueldos a funcionarios de ANSeS y del PAMI. La presentación fue formalizada por Samuel Doichele, productor agrícola y referente libertario.
Además surgieron denuncias en Chaco, Santa Cruz y La Pampa, donde se investigan desvíos de fondos y licitaciones. Frente a esta situación, las autoridades del PAMI emitieron un comunicado en el que aseguran que las delegaciones "no serán más una caja negra al servicio de la política”. Aseguran que se inició una investigación interna.
En el caso del Chaco, un fiscal le pidió a la Justicia Federal que se abra un expediente para establecer la posible comisión del delito de extorsión. Refirieron que existía un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aportó por mes, mostrando en la oportunidad unas planillas que a simple vista muestran distintos nombres, períodos, montos y destinos del dinero«, agregó el fiscal. Y marcó que dichos pagos habrían sido efectuados por medio de transferencias bancarias destinadas a los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos.
Al tratarse de «sucesos que involucraban a organismos de carácter nacional, como su funcionamiento y también sus funcionarios», el fiscal le transmitió a la jueza federal que decidió encarar una investigación preliminar. Ahora, le pidió ir más allá y que se formalice la instrucción de una causa judicial, ya que entiende que esos comportamientos podrían ser analizados como la posible comisión del delito de extorsión.
En Santa Cruz, Sergio Torres, un ex titular de la delegación Caleta Olivia de PAMI, presentó una denuncia en un Juzgado de Instrucción provincial contra el actual director del organismo en esa provincia, Jairo Guzmán. La acusación fue la misma: este representante libertario habría pedido de forma obligatoria un aporte del 10% del salario a empleados de la delegación y también a médicos asociados.
La denuncia fue presentada originalmente en la Justicia provincial, pero en los últimos días tomó intervención la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Ahí ya se dieron los primeros pasos. Entre ellos fue citado a declarar el autor de la denuncia, que estuvo días atrás ante la Fiscalía federal y prestó testimonio durante varias horas, al tiempo que aportó varias pruebas.
En La Pampa tampoco también hay escándalo en torno al cobro de porcentajes salariales destinados al financiar el partido. Uno de los referentes del espacio, Julio Jamad, reconoció en un posteo en su cuenta de X que «se acordó entre seis funcionarios un aporte fijo» y que «ningún funcionario solicitó la devolución del dinero ni objetó el procedimiento».
Julio Jamad, vocal del Consejo Ejecutivo provincial de La Libertad Avanza La Pampa, y aclaró que «La cuenta bancaria personal fue utilizada de manera excepcional para registrar aportes voluntarios de un pequeño grupo de funcionarios que conocían perfectamente el destino de los fondos».
En La Plata, en tanto, la excoordinadora contable Viviana Aguirre, del PAMI y actual diputada provincial suplente por La Libertad Avanza (LLA), denunció públicamente un presunto entramado de corrupción dentro del organismo estatal. Según su testimonio, le exigieron dinero a cambio de un cargo jerárquico y la forzaron a firmar documentos ilegales.
Aguirre denunció que fue obligada a renunciar a su puesto con la promesa de ser designada como directora de la Unidad de Gestión Local VII del PAMI. Sin embargo, dicha promesa venía acompañada de una condición: el pago de un retorno de un millón de pesos. La solicitud, según denunció, fue realizada por Juan Esteban Osaba, colaborador cercano de Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires .
«Me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo: ‘Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno’», declaró Aguirre. Además, reveló que los pedidos de retornos eran un mecanismo extendido, que oscilaban «del 5% en adelante según el sueldo» y se acompañaban de solicitudes para firmar papeles con contenido ilegal.
