Organización internacional reclamó que el puerto de Ushuaia sea restituido al Gobierno provincial

La International Dockworkers Council (IDC) reclamó que la administración del Puerto de Ushuaia sea restituida a Tierra del Fuego y manifestó su respaldo a los trabajadores y organizaciones sindicales que cuestionan la situación generada a partir de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en enero de 2026.A través de un comunicado, la organización internacional sostuvo que el puerto constituye una infraestructura estratégica para Argentina y Tierra del Fuego, tanto por su actividad marítima como por su ubicación como puerta de acceso hacia la Antártida y uno de los principales puntos de recepción de cruceros internacionales de la región.Según la información recibida por la IDC de sus organizaciones afiliadas en Argentina, aproximadamente 140 trabajadores fueron desplazados de sus tareas habituales, mientras que otros trabajadores fueron incorporados o trasladados desde otros puertos y jurisdicciones.Frente a este escenario, la organización consideró que la situación debe resolverse de manera inmediata y planteó que el proceso de intervención debe concluir para que el Puerto de Ushuaia vuelva a estar bajo administración provincial, respetando el marco jurídico y los derechos laborales y sindicales.Reclamo por la reincorporación de trabajadoresUno de los principales planteos de la IDC es la reincorporación inmediata de los aproximadamente 140 trabajadores desplazados de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), junto con la garantía de sus salarios, seguridad social, derechos laborales y representación sindical.La organización sostuvo que los trabajadores “no son responsables” de las decisiones administrativas adoptadas durante el período de intervención y que no deberían asumir las consecuencias de una disputa institucional cuya resolución corresponde a las autoridades.En ese sentido, advirtió que las diferencias entre administraciones, organismos públicos o distintos niveles de gobierno no pueden traducirse en pérdida de puestos de trabajo ni en un debilitamiento de la representación colectiva de los trabajadores portuarios.Piden auditar la gestión durante la intervenciónEl comunicado también reclama una auditoría completa, independiente y transparente de la gestión económica y administrativa del Puerto de Ushuaia durante el período de intervención.Entre los aspectos que, según la IDC, deberían ser auditados se encuentran los ingresos generados por la actividad portuaria, las cuentas bancarias utilizadas, las transferencias a otras jurisdicciones, los contratos, licitaciones y adquisiciones, la incorporación de personal y los pagos y gastos realizados durante el período.La organización sostuvo que los recursos generados por un puerto público deben quedar sujetos a los controles correspondientes y a criterios de máxima transparencia. Asimismo, planteó que cualquier denuncia o sospecha de irregularidad debe ser investigada por los organismos competentes y, si corresponde, establecer las responsabilidades pertinentes.Presencia internacional en Tierra del FuegoComo parte de su respaldo a los trabajadores del Puerto de Ushuaia, la IDC anunció que durante la última semana de octubre representantes de organizaciones vinculadas al organismo participarán en actividades y reuniones en Tierra del Fuego.Según el comunicado, la agenda incluirá encuentros con autoridades provinciales para conocer directamente la situación y expresar el respaldo internacional a los trabajadores.La organización advirtió además que continuará siguiendo la evolución del conflicto y que, si no se alcanza una solución satisfactoria, evaluará junto con sus organizaciones afiliadas nuevas medidas internacionales de solidaridad y acción sindical, dentro de las decisiones adoptadas colectivamente.Finalmente, la IDC sintetizó sus reclamos en seis puntos: el retorno del Puerto de Ushuaia a la administración provincial; la reincorporación de los trabajadores desplazados; el respeto de los derechos laborales y sindicales; una auditoría independiente de la gestión durante la intervención; la investigación de eventuales irregularidades y la garantía de que los recursos generados por el puerto sean administrados conforme a la legislación y bajo los controles públicos correspondientes.La organización cerró su pronunciamiento con un mensaje de solidaridad internacional: “Un puerto no es solamente una infraestructura. Un puerto son sus trabajadores”.