“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”, dijo Volker Türk, aludiendo al argumento estadounidense de que las naves bombardeadas transportaban drogas hacia su territorio.
Pese a las decenas de muertos -de nacionalidad venezolana, colombiana y trinitaria-, Washington no ha presentado pruebas que sostengan sus acusaciones.
Türk insistió en que los asaltos a las embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico “no tienen justificación alguna en el derecho internacional”.
El Alto Comisionado recordó que el combate al tráfico ilícito de drogas a través de las fronteras internacionales es una cuestión de aplicación de la ley.
Esa lucha debe regirse por las estrictas limitaciones al uso de la fuerza letal establecidas en las leyes internacionales de derechos humanos, que solo permiten esas acciones como “último recurso contra personas que representan una amenaza inminente para la vida”, añadió.
“Ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otros ni justificar de otro modo el uso de la fuerza letal contra ellas según el derecho internacional”, recalcó Türk.
Si bien el combate al narcotráfico es complejo, Estados Unidos debe respetar el derecho internacional y apegarse a las estipulaciones de los tratados antinarcóticos aplicables de los que es parte ese país.
El Alto Comisionado instó al gobierno estadounidense a mantener el uso de métodos policiales bien establecidos para responder al presunto tráfico ilícito, incluyendo la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos conforme a las normas penales aplicables.
Volker Türk también pidió la investigación pronta, transparente e independiente de todos los ataques con el fin de enjuiciar y castigar a las personas acusadas de delitos graves de acuerdo con los principios fundamentales del estado de derecho, como el debido proceso y un juicio justo, que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo.
