La secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, cuestionó los reiterados atrasos del Gobierno provincial en la transferencia de fondos de coparticipación y advirtió que la deuda creció más de mil millones de pesos en el último mes. Aseguró que el monto adeudado equivale a todo el presupuesto anual de Salud del Municipio, afecta el cumplimiento de obligaciones y genera incertidumbre sobre salarios, aguinaldos, proveedores y la ejecución del presupuesto 2027. Confirmó que intimó formalmente al Ministerio de Economía y denunció un trato desigual respecto de otros municipios. “La coparticipación no es un gasto, es una obligación que tiene el Gobierno de la provincia”, remarcó. Pese a la gravedad del escenario, sostuvo que la gestión de Martín Pérez priorizará el diálogo y los acuerdos institucionales antes que una eventual judicialización del conflicto.
Río Grande.– La secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, volvió a poner en el centro de la discusión la deuda que mantiene el Gobierno de Tierra del Fuego con la administración municipal en concepto de coparticipación, que actualmente supera los 17.000 millones de pesos, y advirtió que los incumplimientos provinciales están generando un verdadero “ahogo financiero” que compromete la prestación de servicios, el cumplimiento de obligaciones y la planificación presupuestaria.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, la funcionaria explicó que “el reclamo no responde a una diferencia de interpretación política, sino a fondos que, según sostuvo, ya ingresaron a las arcas provinciales y que legalmente corresponden al Municipio de Río Grande”.
Capotorto confirmó que “se realizó una intimación formal al ministro de Economía provincial y remarcó que la deuda continúa incrementándose, pese a los reiterados planteos efectuados desde el Ejecutivo municipal”.
Una deuda que creció más de mil millones en un mes
La funcionaria recordó que el pasado 30 de septiembre, durante la presentación del presupuesto municipal 2027 ante el Concejo Deliberante, el intendente Martín Pérez expuso personalmente la situación financiera derivada de los atrasos en las transferencias provinciales.
En aquella oportunidad, la “deuda superaba los 16.000 millones de pesos y estaba respaldada por un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas municipal.
“El 30 de septiembre, en oportunidad de la presentación del presupuesto 2027, que lo hizo el intendente en primera persona, hizo un planteo ante el cuerpo de concejales sobre la situación por la que estábamos atravesando con la deuda que mantenía el Gobierno de la provincia en términos de coparticipación”, recordó.
Precisó que “el informe del organismo de control municipal certificó la vigencia de la deuda y su magnitud”.
Sin embargo, al actualizar las cifras, el Ejecutivo constató un nuevo “incremento, transcurrió un mes y volvimos a hacer un análisis sobre la situación de esa deuda y, lamentablemente, se ha incrementado en más de mil millones”, señaló.
Ante este escenario, confirmó que “avanzó con una intimación formal al Ministerio de Economía, con el propósito de obtener una respuesta concreta sobre la regularización de las transferencias”.
Capotorto también hizo referencia al informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia correspondiente a la Cuenta de Inversión 2025, donde, según explicó, quedó documentada una deuda superior a los 11.000 millones de pesos al 31 de diciembre de ese año.
“El municipio de Río Grande es el único que dio respuesta a la intimación que recibimos y que al 31 de diciembre del 2025 el Gobierno de la provincia le debía al municipio de Río Grande más de 11.000 millones”, manifestó.
Para la secretaria de Finanzas, la evolución de esos montos demuestra que “no se trata de un incumplimiento aislado, sino de una situación sostenida en el tiempo, esto claramente demuestra que es una permanente y continua forma de obrar por parte del Gobierno en retrasar la remesa de los fondos”, cuestionó.
“La plata que nos deben es lo que presupuestamos para todo el ejercicio de Salud”
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Capotorto fue el impacto directo que la deuda provincial tiene sobre el funcionamiento cotidiano del Municipio y los servicios que reciben los vecinos.
La funcionaria explicó que “los recursos retenidos representan una suma equivalente a la totalidad del presupuesto anual destinado al área municipal de Salud, una comparación que permite dimensionar la magnitud del problema”.
“Hoy hablaba con el subsecretario Agustín Pérez, de Salud, y referíamos que la plata que nos deben es lo que nosotros presupuestamos para todo el ejercicio para Salud”, reveló.
Advirtió que “la falta de esos recursos repercute sobre las posibilidades de afrontar compromisos asumidos y sostener las prestaciones municipales en los plazos previstos, o sea, nos lleva a retrasar también nuestras obligaciones, dar cumplimiento con las obligaciones de la gente de Río Grande, la prestación de los servicios”, explicó.
En ese contexto, sostuvo que “los atrasos dejaron de ser una cuestión administrativa para transformarse en un problema financiero de considerable gravedad, por eso ya lo definimos como un ahogo financiero”, afirmó.
Capotorto reconoció que pueden existir demoras vinculadas a los procedimientos administrativos de registración y distribución de recursos, pero consideró que “los incumplimientos actuales exceden ampliamente cualquier plazo razonable”.
Según explicó, una cosa es “comprender algunos días de retraso y otra muy distinta es que las demoras se prolonguen y se acumulen hasta comprometer la previsibilidad económica de una administración municipal”.
“Los municipios no somos un gasto para la Provincia”
La secretaria de Finanzas también cuestionó el criterio con el que, según su interpretación, el Gobierno provincial administra las obligaciones vinculadas con la coparticipación municipal.
En respuesta a las explicaciones difundidas desde sectores del oficialismo provincial sobre los gastos que debe afrontar la administración central, sostuvo que “existe una confusión de fondo respecto de la naturaleza de estos recursos, dado que los municipios o la coparticipación no es un gasto para el Gobierno, no podemos sostener ni tolerar que se nos entienda como un gasto”, enfatizó y explicó que “la plata que ingresa a las arcas de la Provincia, proveniente de Nación o de la propia recaudación provincial de Ingresos Brutos y de todo lo que tenga que ver con impuestos coparticipables, tiene que ser distribuida a los municipios en tiempo y en forma”, remarcó.
En ese sentido, diferenció las obligaciones presupuestarias propias del Gobierno provincial de los recursos que legalmente corresponden a los municipios al sostener que “el gasto lo tienen en educación, en salud, en seguridad. Los municipios no somos un gasto, no podemos estar en la cola del cumplimiento de esas obligaciones”, cuestionó.
Y profundizó su planteo al señalar que “la Provincia no puede disponer de esos fondos como si fueran recursos propios, la coparticipación no es un gasto, es una obligación que tiene el Gobierno de la provincia. Es plata que no le corresponde”, afirmó.
Para ilustrar su posición, definió el mecanismo de distribución como “un pasamano de billetera”, insistiendo en que los fondos deben ser transferidos sin demoras a sus destinatarios.
Cuestionamientos por un trato desigual entre municipios
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que el Gobierno provincial haya iniciado conversaciones o formulado propuestas para reducir las deudas con otras administraciones municipales.
Capotorto señaló que “cuando hoy nos encontramos con una declaración que da cuenta de que a otro municipio se le ha acercado alguna propuesta para ir achicando esa deuda, entonces claramente estamos en un posicionamiento totalmente desventajoso”, sostuvo.
La funcionaria consideró que “esta situación evidencia diferencias en el tratamiento de los reclamos municipales y reclamó que Río Grande reciba una propuesta que permita comenzar a regularizar los montos pendientes”.
No obstante, insistió en que “la administración municipal mantiene su disposición a participar de reuniones técnicas y políticas con las autoridades provinciales”.
Intimación formal y diálogo antes que judicialización
Consultada sobre los pasos que podría seguir el Municipio si el Ministerio de Economía no responde a la intimación, Capotorto explicó que inicialmente aguardarán el cumplimiento de los plazos correspondientes y una eventual convocatoria al diálogo.
“Vamos a esperar el cumplimiento de los plazos, vamos a ver si hay algún intento de acercamiento”, manifestó.
Recordó que “ya participó de mesas técnicas con el ministro de Economía y otros funcionarios”, y aseguró que “existe voluntad de continuar trabajando por esa vía, nosotros siempre la capacidad de diálogo la tenemos abierta, creemos que es el camino, es el único camino en la política, es el diálogo”, sostuvo.
Frente a la posibilidad de recurrir a la Justicia, fue cautelosa y expresó que “la intención del Municipio es evitar llegar a esa instancia, esperamos que no, la política tiene que resolver las cosas dentro de la política”, respondió.
Sin embargo, reclamó que “las autoridades provinciales comprendan la gravedad de la situación y presenten una alternativa concreta”, y pidió que los funcionarios responsables “entiendan la gravedad por la que estamos atravesando” y la necesidad del Municipio de afrontar sus compromisos.
Además, consideró indispensable que “cualquier acuerdo no se limite a reducir la deuda acumulada, sino que también garantice previsibilidad para las futuras transferencias”.
El Concejo Deliberante recibió documentación respaldatoria
Capotorto también se refirió a la reunión mantenida entre representantes del Ejecutivo municipal y los concejales de Río Grande, realizada antes del inicio de la sesión legislativa.
Aclaró que “no participó personalmente porque se encontraba abocada a otras tareas, aunque sí estuvieron presentes integrantes de su equipo, entre ellos el contador general, un subsecretario y el secretario de Gobierno”.
Explicó que “el encuentro tuvo como finalidad responder un pedido de informes formulado por el Concejo Deliberante, acompañado de la documentación correspondiente, donde, el contador general hizo un informe muy circunstanciado, con mucha documental respaldatoria, y básicamente lo que hicimos fue un marco demostrativo de dónde estaba posicionada la deuda hoy del Gobierno de la provincia para con Río Grande”, detalló.
La funcionaria subrayó que “el reclamo se encuentra respaldado por información contable y documentación oficial, y que el Ejecutivo pretende mantener informados a los organismos institucionales”.
También explicó que los incumplimientos en las transferencias generan consecuencias sobre otros actores vinculados al funcionamiento municipal.
En ese sentido, mencionó al “Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas y a los proveedores, que pueden verse afectados cuando el Municipio no recibe los recursos correspondientes”.
“No estamos pidiendo más plata, estamos pidiendo lo que ya ingresó a la Provincia”
La secretaria de Finanzas reconoció que la caída de la actividad económica nacional repercute sobre la recaudación y, consecuentemente, sobre los recursos disponibles para las provincias y municipios.
Sin embargo, aclaró que “el planteo de Río Grande no apunta a exigir fondos extraordinarios, sino a reclamar el cumplimiento de las transferencias que corresponden por ley”, si bien, sabemos que la recaudación a nivel nacional ha mermado por una cuestión básica del estancamiento de la economía”, expresó.
Y precisó que “lo que pretendemos es que la plata que le ingresó a la Provincia en concepto de coparticipación nacional le sea remesada a Río Grande en tiempo y en forma”.
“Esta es plata que ya le ingresó a la Provincia. No estamos pidiendo que incremente. Estamos diciendo: esta plata ya le ingresó a la Provincia y no la mandó al Municipio de Río Grande”, enfatizó.
Las restricciones para acceder al financiamiento
Ante una consulta sobre los adelantos financieros que puede gestionar la Provincia ante Nación, Capotorto explicó que “los municipios enfrentan mayores restricciones para acceder a mecanismos de endeudamiento, nosotros, lamentablemente, a los fines de tomar deudas, siempre tenemos que pasar por la previsión de Economía de la Provincia y después de Economía de la Nación”, indicó.
Señaló que “esta situación responde a que las operaciones deben contar con garantías vinculadas a las remesas de fondos, que los municipios no reciben directamente desde el Estado nacional”.
De esta manera, remarcó que “Río Grande no dispone de las mismas herramientas financieras que la administración provincial para afrontar eventuales dificultades de liquidez”.
Salarios, aguinaldos y compromisos municipales bajo incertidumbre
Capotorto advirtió que “los atrasos de coparticipación generan una preocupación adicional por las obligaciones que el Municipio deberá afrontar durante los próximos meses”.
Entre ellas mencionó el pago de salarios, aguinaldos y un beneficio que reciben los trabajadores municipales vinculado con las vacaciones, hay un montón de obligaciones hacia adelante, y trabajar a ciegas es muy dificultoso”, sostuvo.
La funcionaria explicó que “la incertidumbre sobre los ingresos impide organizar con precisión el cumplimiento de compromisos ya previstos y afecta la administración financiera”.
También recordó que “el Municipio debe sostener obras y servicios sanitarios con recursos propios, lo que incrementa la necesidad de contar con las transferencias en los plazos establecidos, no hay peor cosa que trabajar a ciegas”, resumió.
La postura de Martín Pérez: diálogo y respeto institucional
Al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar medidas de protesta similares a las realizadas en otras oportunidades por funcionarios de Ushuaia, Capotorto descartó que “esa sea la modalidad elegida por la gestión municipal de Río Grande”.
Explicó que “el intendente Martín Pérez ha establecido como criterio de trabajo la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo y el respeto por las instituciones, las formas en las cuales se maneja este Ejecutivo municipal son totalmente distintas, ni mejor ni peor. Cada uno con sus formas y sus maneras”, expresó.
Y agregó que “nosotros optamos siempre por el diálogo y por los consensos, más que por imposiciones”.
La funcionaria sostuvo que “esa orientación es compartida por los distintos niveles del gabinete municipal y remarcó la importancia de respetar las responsabilidades institucionales de los funcionarios y de los representantes elegidos por la ciudadanía”.
En ese marco, destacó la participación de integrantes del Ejecutivo en las reuniones del Concejo Deliberante y el cumplimiento de los requerimientos de información formulados por el cuerpo legislativo.
El presupuesto 2027, condicionado por la falta de previsibilidad
Finalmente, Capotorto reconoció que la situación financiera con la Provincia tendrá consecuencias sobre el debate y la futura ejecución del presupuesto municipal 2027, que tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante.
Explicó que “la dificultad no radica únicamente en determinar cuánto dinero le corresponde recibir al Municipio, sino en conocer cuándo estarán efectivamente disponibles esos recursos, más allá de lo que uno sabe que le corresponde, después está en cómo te lo mandan”, señaló.
En consecuencia, adelantó que “el Ejecutivo deberá actuar con especial prudencia al comenzar la ejecución del próximo presupuesto, seguramente vamos a tener que tener algún recelo a la hora de comenzar la ejecución del presupuesto”, reconoció.
La funcionaria explicó que “el Municipio puede estimar los ingresos correspondientes a partir de la información pública sobre las transferencias nacionales a la Provincia y de los porcentajes de distribución establecidos en la normativa vigente”.
Sin embargo, advirtió que “esas previsiones pierden utilidad cuando el dinero no llega en los plazos correspondientes, uno gasta en función de esos recursos. Cuando esos recursos no ingresan, empiezan los problemas”, concluyó.
