Esta decisión evidencia la crueldad social característica del gobierno de La Insensibilidad Avanza. La construcción de viviendas es un motor esencial de la economía: cada unidad habitacional genera por lo menos cuatro puestos de trabajo directos y otros cuatro indirectos. Este tipo de medidas destructivas paralizan toda la cadena productiva, desde corralones y transportistas hasta comercios especializados y pequeños proveedores. El desmantelamiento de programas fundamentales como Procrear, Casa Propia y FONAVI no solo destruye el sueño de la vivienda digna, sino que además condena al desempleo a miles de familias que dependen de dicha actividad, golpeando doblemente el corazón productivo de la Argentina.
Los números son alarmantes y contundentes: en tan solo un año, Milei ha paralizado 103.367 obras y más de 1.800 convenios. Durante mi gestión en el IPV, fuimos testigos directos de cómo estas políticas habitacionales transformaron la vida de miles de argentinos, especialmente en la Patagonia, donde el 80% de las viviendas se construyeron gracias a dichos programas.
Este brutal desmantelamiento no es aleatorio; es la continuidad de aquella infame frase del Macrismo que decía “te hicieron creer que podías irte de vacaciones”... Ahora, con una crueldad aún mayor, este gobierno va por algo más básico y esencial: intentan convencerte, a través de los medios hegemónicos de comunicación y de las redes sociales, de que no merecés tener un techo propio.
En un contexto donde los precios superan los 2.000 dólares por metro cuadrado, el cierre de la Secretaría de Hábitat pulveriza la esperanza de millones de argentinos que viven en condiciones de marginalidad absoluta. Sin la existencia de estos programas o un plan quinquenal que garantice el acceso a la vivienda, para una familia de clase media hoy resulta una utopía inalcanzable el sueño de construir su propio hogar.
La realidad es demoledora, el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio, cuando debería ser un derecho fundamental garantizado e innegociable.
