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Nación extendió la intervención del Puerto de Ushuaia y condicionó su devolución a la realización de obras

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Nación extendió la intervención del Puerto de Ushuaia y condicionó su devolución a la realización de obras

El Puerto de Ushuaia continuará bajo administración nacional y, por el momento, no existe una fecha definida para que la Provincia recupere el control de la terminal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) resolvió prolongar la intervención al considerar que todavía deben realizarse trabajos de infraestructura y adecuaciones de seguridad antes de restituir su funcionamiento a la Dirección Provincial de Puertos. La decisión, conocida este miércoles 18 de noviembre, representa un nuevo capítulo en la disputa institucional por la administración de una de las instalaciones más importantes de Tierra del Fuego. Aunque el organismo nacional reconoció que hubo avances desde el inicio de la intervención, sostuvo que las condiciones actuales todavía no permiten dar por finalizada la medida. Uno de los aspectos centrales de la resolución es que no establece un plazo determinado para devolver el puerto. En cambio, su restitución quedó supeditada al cumplimiento de una serie de exigencias técnicas y a la evaluación que posteriormente realice la autoridad nacional. Entre los argumentos utilizados para mantener la intervención aparecen observaciones sobre el estado del muelle comercial, las condiciones de mantenimiento y distintos aspectos relacionados con la seguridad de las operaciones portuarias. También se mencionan cuestiones vinculadas con los controles ambientales y la administración de los recursos económicos. De acuerdo con la posición de la ANPyN, algunas de las deficiencias que motivaron originalmente la intervención todavía requieren soluciones. Por ese motivo, el organismo considera necesario mantener el control administrativo y operativo hasta que se completen las mejoras pendientes. Los trabajos señalados incluyen reparaciones en sectores del muelle comercial, renovación de las defensas utilizadas para el atraque de embarcaciones y adecuaciones de las instalaciones eléctricas. A estas tareas se suman intervenciones sobre las redes de provisión de agua y los sistemas de prevención y combate de incendios. La resolución también contempla exigencias relacionadas con la seguridad de la navegación y las operaciones dentro de la terminal. En ese marco, se mencionan observaciones correspondientes a la Prefectura Naval Argentina, entre ellas la necesidad de avanzar con auditorías, disponer de equipamiento de salvamento y adecuar los mecanismos de vigilancia. Si bien la autoridad nacional sostiene que estas condiciones resultan necesarias para garantizar un funcionamiento seguro, la continuidad de la intervención mantiene abierta la discusión sobre las responsabilidades administrativas y la ejecución de las inversiones requeridas. Para Tierra del Fuego, la decisión tiene consecuencias que van más allá de la gestión cotidiana de las instalaciones. El Puerto de Ushuaia representa una infraestructura fundamental para la llegada de cruceros internacionales, el movimiento comercial, las operaciones logísticas y las actividades vinculadas con la Antártida. La administración de la terminal también implica el manejo de recursos económicos provenientes de la actividad portuaria y la definición de prioridades relacionadas con su mantenimiento y desarrollo. Por eso, el control del puerto se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno provincial y las autoridades nacionales. Desde la Provincia se viene reclamando que la terminal vuelva a depender de la Dirección Provincial de Puertos. El Ejecutivo fueguino sostiene que debe recuperar las facultades de administración y fiscalización sobre una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y productivo del territorio. En ese contexto, la nueva resolución podría profundizar las diferencias institucionales, especialmente porque la devolución quedó condicionada a requisitos cuyo cumplimiento deberá ser evaluado por el mismo organismo que actualmente mantiene la intervención. Otro de los interrogantes que plantea la continuidad de la medida está relacionado con los tiempos necesarios para completar las obras. La decisión nacional no determina una fecha límite para ejecutar los trabajos ni establece cuándo podría concretarse una nueva evaluación que habilite la restitución de la administración provincial. De esta manera, el futuro del puerto permanece sujeto a las condiciones técnicas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, mientras el Gobierno fueguino continúa reclamando su devolución. La prolongación de la intervención llega además en un momento en el que la actividad portuaria resulta especialmente relevante para Ushuaia, tanto por su movimiento turístico como por su función logística y comercial. La falta de un horizonte definido para recuperar la administración provincial mantiene abierto un conflicto que involucra recursos económicos, competencias institucionales y decisiones sobre el futuro de la principal terminal marítima fueguina.

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