
Entre 2015 y 2024, la cantidad de privados de libertad pasó de 180 a 327, un incremento del 81,7%, superior al promedio nacional del 67,7%. En términos relativos, registró una tasa de encarcelamiento de 171,6 personas cada 100.000 habitantes, aún por debajo del promedio nacional de 258, pero con una capacidad carcelaria limitada a 206 plazas, lo que llevó el nivel de ocupación al 158,7%, uno de los más elevados del país.

A pocos días de la intervención federal, una presentación ante Prefectura advirtió que el Puerto de Ushuaia opera sin un plan de seguridad vigente ni personal autorizado y capacitado. La situación expone riesgos operativos, ambientales y compromete estándares internacionales en un enclave clave para la Antártida. Personal técnico y responsables no tendrían acceso al puerto, lo que impide verificar controles básicos de seguridad.
