Malvinas: Tierra del Fuego prepara una ley para sancionar a empresas que operen sin autorización en aguas argentinas

El Gobierno de Tierra del Fuego avanza en la elaboración de un proyecto de ley que busca establecer controles y sanciones sobre las actividades marítimas desarrolladas en aguas del departamento Islas del Atlántico Sur. La iniciativa surge en medio de la controversia por la apertura de una ruta comercial entre Chile y las Islas Malvinas, que permitirá abastecer al archipiélago desde Punta Arenas. La preocupación provincial se concentra en el buque chileno Danstar, una embarcación de carga con capacidad para transportar 1.389 toneladas que tiene previsto comenzar a operar entre noviembre y diciembre. El servicio, impulsado por la empresa Easter Island Naviera, permitirá trasladar alimentos, materiales de construcción, maquinaria, combustibles y otros productos hacia las islas. El recorrido será de aproximadamente 900 kilómetros y demandará dos días y medio de navegación, una alternativa considerablemente más corta que el abastecimiento actual desde Uruguay. Frente a este escenario, el secretario provincial de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, confirmó a Infobae que se trabaja en una legislación específica para regular las operaciones dentro de las 12 millas marítimas correspondientes al territorio insular. El proyecto contemplaría mecanismos para identificar a las compañías que desarrollen actividades sin autorización y aplicarles sanciones, independientemente de la bandera de sus embarcaciones. Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la posibilidad de establecer restricciones para que las empresas sancionadas no puedan desarrollar operaciones en otros puntos del territorio argentino. Según explicó Dachary, este tipo de medidas también podría afectar la reputación comercial de las compañías involucradas y funcionar como un elemento disuasorio frente a futuras operaciones vinculadas con las autoridades británicas de las islas. El funcionario también cuestionó la posición de Chile, país que históricamente ha respaldado el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, pero que permite el desarrollo de vínculos comerciales con el archipiélago. En ese sentido, sostuvo que existe una contradicción entre acompañar diplomáticamente la posición argentina y mantener relaciones económicas con las autoridades isleñas. Desde Chile, en cambio, se argumenta que el nuevo corredor marítimo constituye una actividad comercial entre empresas privadas. La dimensión económica del proyecto también forma parte de la discusión. Las autoridades de Punta Arenas estiman que el intercambio podría superar los 20 millones de dólares anuales, principalmente por el abastecimiento de mercaderías que actualmente llegan desde Montevideo. Dachary comparó esa cifra con los aproximadamente 8.000 millones de dólares del comercio bilateral entre Argentina y Chile, al considerar que el negocio genera una controversia desproporcionada respecto de su volumen económico. Por el momento, la iniciativa fueguina continúa en etapa de elaboración y deberá atravesar el correspondiente debate legislativo. Desde el Gobierno provincial aclararon que no pretenden acelerar su aprobación únicamente por el primer viaje del Danstar, sino construir una herramienta jurídica que pueda sostenerse en el tiempo. La discusión incorpora así un nuevo capítulo al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos provinciales de control sobre las actividades marítimas en el Atlántico Sur. ]]>