El Gobierno nacional rechazó la presencia de la integrante de la familia real británica en las Islas Malvinas y cuestionó el avance de proyectos petroleros en aguas bajo disputa. La protesta diplomática se produce mientras Argentina espera una decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, prevista para el 28 de noviembre. La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo de tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido. El Gobierno nacional expresó su rechazo a las actividades oficiales que desarrolla la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, en el archipiélago y consideró que su presencia constituye una provocación en medio del conflicto por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. El pronunciamiento fue difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, que cuestionó la realización de actos institucionales británicos en las Malvinas, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes. Desde Cancillería sostuvieron que estas actividades se desarrollan en el marco de una ocupación que Argentina considera ilegal y ratificaron el reclamo de soberanía sobre los territorios en disputa. Uno de los principales motivos de preocupación del Gobierno argentino está relacionado con el avance de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La administración nacional denunció que el Reino Unido continúa otorgando autorizaciones para desarrollar actividades petroleras sin el consentimiento argentino, una situación que considera contraria a sus derechos soberanos. Frente a ese escenario, Argentina inició un procedimiento arbitral en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El planteo busca impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion mientras se resuelve la controversia jurídica. La decisión sobre las medidas solicitadas está prevista para el próximo 28 de noviembre. En paralelo, Cancillería volvió a reclamar que Londres retome las conversaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica a la controversia territorial. El Gobierno recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos países a negociar. La administración argentina también cuestionó la continuidad de las decisiones unilaterales británicas sobre los recursos del archipiélago. En ese sentido, insistió en que las actividades económicas y los actos oficiales realizados por el Reino Unido no modifican la posición histórica de Argentina respecto de sus derechos sobre las islas. Finalmente, el Gobierno reiteró que la cuestión Malvinas debe resolverse mediante el diálogo diplomático y el cumplimiento de las resoluciones internacionales. La visita de la princesa Ana y el avance de los proyectos hidrocarburíferos volvieron a colocar la controversia territorial en el centro de la agenda exterior argentina, a pocos días de una resolución judicial que podría tener consecuencias sobre la explotación petrolera en la región.
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Malvinas: Argentina calificó como una provocación la visita de la princesa Ana y exigió negociar la soberanía
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