En una reunión conjunta, las Comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el diputado Carlos Raúl Zapata (LLA), emitió dictámenes sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Poder Ejecutivo. El dictamen de la mayoría alcanzó 60 firmas sobre 104 diputados presentes.
La nueva redacción incorporó cambios propuestos por distintos bloques, de esta forma, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
Flexibilización en las sanciones a empresas y proveedores:
- Criterio de intencionalidad: se acotó el régimen de sanciones a quienes operen en la plataforma continental y en Malvinas sin autorización. Para penalizar a un proveedor, la ley exigirá demostrar que los bienes o servicios suministrados eran indispensables para la actividad ilegal y que la empresa conocía, o no podía desconocer, su destino.
- Excepción a accionistas minoritarios: quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión sin poder de decisión sobre los activos.
- Baja de penas y multas: la pena mínima de prisión para proveedores de bienes esenciales bajó de cinco a dos años. Además, las multas por celebrar nuevos contratos se fijaron entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido, o entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo. La recaudación se destinará al Ministerio de Defensa para reequipamiento e infraestructura militar.
Control parlamentario y límites:
- Se creó un órgano parlamentario de seguimiento integrado por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo de Seguridad Nacional deberá informarle en un plazo de 48 horas sobre sanciones, rechazos de inversión extranjera o medidas operativas de emergencia (como la interceptación de vuelos o embarcaciones).
- Se prohibió expresamente que el Consejo intervenga en seguridad interior, acotando su función a la protección marítima y de infraestructura crítica.
- El texto sumó entre las autoridades del Consejo al presidente provisional del Senado, al titular de Diputados y a los gobernadores, pero omitió de forma expresa a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
- Se eliminó el polémico concepto de «desinformación masiva», que preveía hasta 12 años de cárcel por manipular la opinión pública.
- Fue reemplazado por la figura de «campaña de injerencia extranjera», la cual requiere probar maniobras clandestinas, engañosas o coercitivas junto a un agente externo.
- El articulado aclara formalmente que el delito no alcanza al ejercicio de la actividad periodística, la investigación académica, la función diplomática ni la libre expresión de opiniones.
- Se incorporó un capítulo para revisar inversiones de Estados extranjeros en áreas clave como defensa, telecomunicaciones, energía, minería e hidrocarburos.
- El Presidente podrá decretar el rechazo o exigir la desinversión de un proyecto mediante decreto fundado en razones de seguridad nacional.
- Quedaron resguardados los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con solicitud previa a la sanción de la ley. Además, se fijó una cláusula para evitar que estas atribuciones se utilicen para bloquear o monitorear contenidos en internet.
En defensa de la propuesta, el diputado Federico Pelli (LLA), señaló que "esta norma fortalece las herramientas para sancionar la explotación ilegal de nuestros recursos y aborda la arquitectura institucional de nuestro sistema de defensa y de seguridad nacional ". Y agregó: "No alcanza con hablar de soberanía sin las capacidades materiales para sostenerla".
Eduardo Falcone, diputado por el MID, destacó que “entendemos que este proyecto contribuye al interés nacional”. Asimismo, valoró el diálogo para alcanzar consensos: "El espíritu general de la ley está bien enfocado, las modificaciones que solicitamos fueron recogidas".
Desde Unión por la Patria, Agustina Propato, señaló que “pedimos separar el Titulo 1, que es el único que habla de Malvinas, para darle tratamiento particular, pero no fue escuchada nuestra propuesta ". Y cuestionó: "Este proyecto acuña un Consejo de Seguridad Nacional con claras facultades que colegian las de la Presidencia de la Nación".
Asimismo, expresó que “es inadmisible aceptar el Capítulo 5, nos va a traer serios problemas en el concierto de las naciones, debilita la posición argentina, perjudica seriamente una política sobre Malvinas que fue sostenida durante 45 años; tiene que ser reemplazado por un fondo para fortalecer las políticas en el Atlántico Sur". Y concluyó: "El resto de los capítulos no pasan un test de constitucionalidad, no podemos acompañar semejante atropello a la democracia".
A su turno, por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló que “es un proyecto que intenta hablar de soberanía, pero constituye un fraude de proporciones". "No tiene nada que ver con la defensa de Malvinas", dijo.
Por su parte, la diputada Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), propuso, entre otros puntos, que el Consejo de Seguridad Nacional funcione como un órgano consultivo con atribuciones de asesoramiento, “prohibiéndole tomar atribuciones del poder judicial y legislativo”, explicó.
