La modificación de la Ley de Glaciares (26.639) es uno de los temas más importantes que se debaten en el Senado desde el comienzo del periodo de sesiones extraordinarias la semana pasada. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) impulsa la reforma de la normativa, mientras que parte de la oposición, particularmente Unión por la Patria (UxP), defiende su preservación para conservar las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, que es el principal objetivo de la ley.
BUENOS AIRES (NA) Por Laura Impellizzeri.- El oficialismo pretende modificar la ley con el fin de habilitar proyectos vinculados a la megaminería y, con ello, facilitar el desarrollo económico, especialmente en los sectores de hidrocarburos.
El bloque de LLA en la Cámara alta sostuvo que la ley actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, por lo que el proyecto que impulsan desde el Ejecutivo busca restringir el objeto de protección solo a aquellos glaciares que “cumplan una función hídrica efectiva y estratégica” y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Fuentes legislativas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que esa modificación busca respetar el federalismo y la autonomía de cada una de las provincias para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de Litio y Cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Los senadores opositores al gobierno de Javier Milei son los que rechazan esta iniciativa, pero quienes se manifestan en contra son los miembros de UxP, a pesar de la existencia de divisiones internas.
Paralelamente, las organizaciones ambientalistas advirtieron a los senadores que los cambios que propone LLA dejan en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce, que pretende proteger a ley actual.
El bloque peronista, comandado por el senador José Mayans, mantiene una posición crítica, que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.
Si bien el peronismo, en su mayoría, cuestiona la reforma propuesta, hay senadores de provincias mineras como San Juan o Catamarca que apoyan una restricción más fuerte en las áreas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante.
Estos legisladores se encuentran “bajo presión” para modificar la ley, ya que la normativa actual frena proyectos mineros y genera un debate sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.
Por el momento, el bloque opositor evitará una reforma que elimine por completo la ley y buscará un documento que priorice la protección ambiental sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.
La ley vigente establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial, como los suelos congelados que también regulan el agua, y prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la exploración de hidrocarburos en las zonas afectadas.
Los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar “certezas técnicas” para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.
Por el momento, el proyecto de reforma enviado por el Gobierno ya obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado el viernes pasado y se definió que el tratamiento de la reforma se llevará a cabo el 10 de febrero de del año próximo.
CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Glaciar Martial, Ushuaia.
