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Lapadula cuestionó el gasto del Gobierno y sosuvo que el Presupuesto 2027, “No va a salir tal cual lo mandó el Ejecutivo”

El legislador provincial Matías Lapadula cuestionó las prioridades del proyecto de presupuesto 2027 y describió una administración con un elevado peso del gasto corriente, obras que se repiten sin finalizar y una estructura de funcionarios que, según sostuvo, se expandió durante la actual gestión. En declaraciones a FM Provincia, adelantó que impulsará modificaciones y rechazó […]

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Lapadula cuestionó el gasto del Gobierno y sosuvo que el Presupuesto 2027, “No va a salir tal cual lo mandó el Ejecutivo”

El legislador provincial Matías Lapadula cuestionó las prioridades del proyecto de presupuesto 2027 y describió una administración con un elevado peso del gasto corriente, obras que se repiten sin finalizar y una estructura de funcionarios que, según sostuvo, se expandió durante la actual gestión. En declaraciones a FM Provincia, adelantó que impulsará modificaciones y rechazó el aumento de impuestos propuesto por el Ejecutivo.

“Es imposible administrar una provincia así, y mucho más difícil en un contexto nacional que no ayuda”, afirmó. Si bien reconoció el impacto de las políticas nacionales, sostuvo que las dificultades provinciales también responden a decisiones propias del Gobierno fueguino.

Según su análisis, la concentración de recursos en el funcionamiento cotidiano del Estado deja un margen mínimo para inversiones. Durante la entrevista ubicó el gasto corriente en torno al 96% del presupuesto y relacionó esa composición con las dificultades para responder a necesidades de infraestructura, energía, salud y educación.

En ese contexto, apuntó al crecimiento de la estructura política. Afirmó que áreas que antes tenían una sola dirección fueron divididas en dependencias para las zonas norte, centro y sur, con el consecuente incremento de cargos.

“Básicamente se multiplicó por tres”, cuestionó al describir ese esquema. Para el legislador, la expansión de las plantas y de los funcionarios agrava las restricciones financieras y reduce la capacidad de atender otras prioridades.

Lapadula también señaló que los anexos presupuestarios vuelven a incluir obras que llevan años sin terminarse. Como ejemplo mencionó la ampliación del Hospital de Ushuaia, que, según expresó, continúa pendiente después de un prolongado período de ejecución.

“Vemos obras que se repiten año tras año, pero no se terminan”, sostuvo. Atribuyó esa situación a la falta de recursos disponibles y cuestionó su administración: “No hay recursos porque se malgastan”.

Otro de sus reparos se concentró en la modificación de la tarifaria. Aseguró que la propuesta contempla aumentos sobre más de 300 posiciones del nomenclador fiscal y anticipó que no la acompañará.

“Eso es un impuestazo, liso y llano”, manifestó. Según planteó, antes de avanzar sobre los contribuyentes debe revisarse la estimación de ingresos y discutirse cómo se distribuyen los recursos provinciales.

El legislador también puso condiciones a las autorizaciones de endeudamiento. Explicó que será necesario precisar para qué se tomará deuda y cómo se garantizará que se cumpla ese destino, ante el riesgo de que termine utilizándose para sostener gastos corrientes.

Pese a sus cuestionamientos, defendió la necesidad de aprobar un presupuesto para establecer pautas y limitar la discrecionalidad del Ejecutivo. Consideró que la reconducción presupuestaria amplía el margen del Gobierno para decidir sobre los fondos.

“No va a salir tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo”, anticipó sobre el proyecto. Su planteo es introducir cambios que permitan fijar prioridades y exigir su cumplimiento.

Como alternativa para atender las urgencias, Lapadula aseguró que, al comparar los proyectos presupuestarios nacional y provincial, encontró una diferencia de alrededor de $250.000 millones en transferencias nacionales estimadas que la Provincia no habría incorporado a su previsión de recursos.

Según relató, el Ministerio de Economía provincial atribuyó esa diferencia a un criterio de prudencia. El legislador propuso establecer de antemano un destino específico para los ingresos adicionales que efectivamente se perciban, sin crear nuevos impuestos ni modificar las partidas ya asignadas.

Su propuesta contempla distribuir esos fondos en 30% para educación, 30% para salud, 20% para obras de gas y 20% para cancelar deuda con los municipios. También planteó que se administren en cuentas separadas y con rendición de su utilización.

En materia de gas, sostuvo que ampliar las conexiones domiciliarias permitiría mejorar las condiciones de vida de las familias y reducir progresivamente el gasto en subsidios al GLP.

“Es momento de que desde la Legislatura le pongamos un freno a este despilfarro y que los recursos vayan donde tienen que ir”, expresó.

Fuente: Red 23 noticias

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