Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que "un 39% exacto" de los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA son extranjeros. El funcionario utilizó este argumento para justificar que las Universidades cobren aranceles a los estudiantes.
En redes sociales Ravier reafirmó sus dichos, con un cuadro estadístico atribuido a la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que el 40% de los estudiantes de la Facultad de Medicina eran extranjeros.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Yacobitti sostuvo que compartía nuevamente la información oficial “ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas”.
Según precisó Yacobitti, sobre un universo superior a los 70.000 ingresantes que registró la UBA en 2026, los ciudadanos extranjeros con condición de residencia precaria, transitoria o temporal configuran apenas el 2,5% del total general.
Respecto a la situación puntual de la Facultad de Ciencias Médicas, el directivo detalló que la presencia de alumnos internacionales alcanza solamente el 6,1%.
Especificó que en Odontología el indicador se sitúa en el 4,1%, en Ingeniería se reduce al 2,7%, mientras que en la totalidad de las restantes facultades la cifra no llega a superar el 2%.
Por otra parte, aclaró que la institución cuenta con normativas estrictas de admisión para mitigar las dificultades de inserción. En ese sentido, recordó que desde el año 2022 se implementó como requisito obligatorio para todos los aspirantes procedentes de naciones no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en las instancias de comprensión como en las de producción oral y escrita, lo que demanda una destreza lingüística prácticamente homóloga a la de un local.
Finalmente, se puso a disposición del Gobierno nacional para mantener una reunión y analizar la información oficial, con el objetivo de que “el debate público sea con información precisa”.
