El abogado Héctor Vargas, con una extensa trayectoria en la provincia, planteó reparos sobre el contexto en el que se impulsa una eventual modificación de la Carta Magna. Reclamó mayor participación ciudadana y acuerdos amplios.
RIO GRANDE.- En medio del debate por una eventual reforma de la Constitución de Tierra del Fuego, la voz del abogado Héctor Vargas vuelve a tomar relevancia. Con más de 50 años de ejercicio profesional, participación directa en el proceso de provincialización y experiencia como asesor de distintos gobiernos, su mirada se apoya en décadas de trabajo sobre la institucionalidad fueguina.
Nacido en Ushuaia y formado en la escuela primaria N°1 Domingo Faustino Sarmiento, Vargas integró además una de las primeras promociones del Colegio Nacional José Martí. Más tarde cursó sus estudios de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, donde consolidó una formación jurídica profundamente vinculada al federalismo. Su matrícula provincial, la número 17, una de las primeras otorgadas, lo ubica entre los pioneros del ejercicio profesional en el territorio.
Ese recorrido no solo le permitió desempeñarse como abogado durante más de medio siglo, sino también ocupar un lugar activo en la vida política e institucional. Fue uno de los fundadores del radicalismo en la provincia, participó en la elaboración de un anteproyecto constitucional durante la provincialización y asesoró a cinco gobernadores, acumulando una experiencia directa en la toma de decisiones públicas.
Desde ese lugar, Vargas sostiene que cualquier intento de reforma constitucional debe construirse sobre bases sólidas de consenso. A su entender, no alcanza con una decisión impulsada desde el Ejecutivo o desde sectores políticos específicos, sino que es imprescindible que exista una validación previa por parte de la sociedad. “Debe haber un consenso necesario, primero, entre la población”, remarcó.
Cuestionamientos
En esa línea, cuestionó que el debate actual no logre aún instalarse de manera clara en la ciudadanía. Considera que el contexto social, atravesado por preocupaciones económicas cotidianas, no favorece una discusión profunda sobre temas institucionales. Por eso insiste en que el proceso debe ir acompañado de una tarea de difusión y formación que acerque la Constitución a la gente común. “Este tema constitucional no es para especialistas”, afirmó.
Su postura no implica un rechazo a la actualización de la Carta Magna. Por el contrario, reconoce que puede ser necesaria una adecuación de algunas instituciones. Sin embargo, advierte que esa discusión debe nutrirse de la experiencia acumulada en más de tres décadas de vida provincial y del aporte de todos los sectores políticos.
En ese sentido, su propia participación en la génesis de la Constitución fueguina aparece como un antecedente que respalda su planteo. Vargas recuerda que, pese a las mayorías políticas existentes en aquel momento, se logró un texto consensuado entre las distintas fuerzas. Esa experiencia, asegura, debería ser tomada como referencia para cualquier intento de modificación.
Puntos necesarios
También señaló algunos aspectos que, desde su mirada, podrían revisarse, como la duración de determinados cargos institucionales o la incorporación de herramientas que resguarden el desarrollo económico de la provincia. No obstante, subrayó que el eje central no debe perderse en discusiones técnicas, sino enfocarse en el fortalecimiento del sistema democrático y la participación ciudadana.
Para Vargas, el desafío de fondo es lograr que la Constitución deje de ser un documento lejano y se transforme en una herramienta viva para la sociedad. En ese camino, reivindicó valores como la unidad, la identidad fueguina y el trabajo colectivo. “Acá nadie es dueño de la identidad fueguina”, sostuvo, en una definición que sintetiza su mirada sobre el presente y el futuro institucional de la provincia.
