E
l legislador provincial de FORJA, Federico Greve, celebró la aprobación de la ley de financiamiento educativo, sancionada el martes por la Legislatura fueguina, y consideró que constituye una herramienta fundamental para establecer a la educación como una política de Estado, más allá de los gobiernos que se sucedan en los próximos años.
El parlamentario sostuvo que la denominación de la norma no refleja completamente sus alcances. "Yo soy más partidario de llamarla ley de fortalecimiento educativo", expresó, al explicar que el texto aprobado contiene 26 artículos, de los cuales solamente tres están relacionados directamente con el financiamiento.
En ese sentido, destacó que se trata de una ley programática que establece compromisos de inversión para los próximos años, con el objetivo de incrementar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo.
Según detalló, la iniciativa contempla llevar la inversión desde el actual 4% hasta el 7,8% del Producto Geográfico provincial, mediante un esquema de crecimiento proyectado a cinco años.
"Es una definición política. Lo que queremos es que la educación sea un horizonte para tener a nuestros pibes mejor educados y formados, para que sean mejores trabajadores en el futuro", afirmó.
Greve recordó que la discusión sobre el financiamiento educativo comenzó hace aproximadamente dos años y que durante ese período se analizaron al menos cuatro proyectos que no consiguieron reunir los votos necesarios.
Finalmente, la iniciativa obtuvo una mayoría simple, aunque ajustada, luego de incorporar modificaciones consensuadas entre las fuerzas políticas que acompañaron su aprobación.
El legislador reconoció que la nueva legislación no representa una solución definitiva para los problemas del sistema educativo, pero insistió en que constituye un avance significativo para establecer objetivos de mediano y largo plazo.
Cuestionamientos a la oposición
Greve rechazó las críticas de quienes calificaron la iniciativa como un incremento de la presión tributaria y sostuvo que no implica la creación de nuevos impuestos, sino modificaciones vinculadas con beneficios contemplados en la legislación tributaria.
También cuestionó la postura de los legisladores que votaron en contra y consideró que las diferencias políticas no deberían impedir acuerdos sobre cuestiones fundamentales para la provincia.
"Hay quienes quisieron hacer creer que esto era solo un impuestazo que iba contra los comercios", manifestó, al defender la orientación de la norma.
Para el representante de FORJA, parte de la resistencia al proyecto responde al adelantamiento de las disputas electorales de 2027. En ese marco, sostuvo que algunos dirigentes están más preocupados por sus aspiraciones políticas que por construir consensos institucionales.
Asimismo, cuestionó particularmente la posición política del Municipio de Río Grande, al considerar que no desarrolla una política educativa comparable con la de Ushuaia, donde destacó la existencia de escuelas experimentales y el acompañamiento del intendente Walter Vuoto a la iniciativa provincial.
La educación como política de Estado
En otro tramo de la entrevista, Greve planteó la necesidad de que Tierra del Fuego establezca acuerdos básicos que trasciendan las diferencias partidarias y permitan sostener políticas públicas independientemente de quién gobierne.
Mencionó entre esas prioridades la educación, la salud, la seguridad, la defensa de la soberanía y el fortalecimiento de la industria fueguina.
En particular, defendió la posibilidad de vincular recursos provenientes de actividades estratégicas, como los hidrocarburos, el hidrógeno verde y la industria del conocimiento, con el sostenimiento del sistema educativo.
Finalmente, insistió en que la dirigencia provincial debe asumir una responsabilidad compartida en la construcción de objetivos de largo plazo.
Para Greve, la aprobación de la ley representa un primer paso en esa dirección y una oportunidad para consolidar la educación como una prioridad permanente de Tierra del Fuego.



