La Ley de impuesto inmobiliario quedó en suspenso hasta fin de año por decisión legislativa

Por el voto unánime de los 14 legisladores que tomaron parte de la sesión de ayer, el Parlamento resolvió suspender hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del capítulo referido al impuesto inmobiliario de la ley 1075. Por ese mismo resultado, por la ausencia de la legisladora Myriam Martínez, también fueron aprobados el endeudamiento por hasta 3.600 millones con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; la suspensión hasta fin de año de ejecuciones hipotecarias contra tomadores de créditos UVA, y la adhesión a la denominada ley Lucio y a la que establece el derecho de los estudiantes  a recibir educación sobre el folklore.Tal se había planteado en la reunión de labor parlamentaria realizada el martes, la Legislatura abrió un compás de espera en torno a lo que establece la ley 1075 sobre el Impuesto Inmobiliario, para de esa manera dar tiempo a que el Ejecutivo provincial y los Ejecutivos Municipales intenten alcanzar un acuerdo político que resulte satisfactorio para la partes, sobre la forma de determinación y percepción del impuesto inmobiliario urbano. En ese marco, la ley aprobada ayer también determina que el gobierno deberá informar mensualmente a la Legislatura sobre los avances que se registren en la mesa de diálogo abierta con los municipios.  No resulta una cuestión menor que el lapso temporal que tendrán las partes para tratar de encontrar un punto de acuerdo se superpondrá con la elaboración de sus respectivos presupuestos para el 2024.Esta es la segunda vez que se adopta una decisión de estas características, por cuanto en septiembre de 2018 el Parlamento ya había dejado en suspenso la cuestión, a la espera de  que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera sobre el recurso de queja interpuesto por los municipios contra la sentencia dictada en 2017 por el Superior Tribunal de Justicia, en la que se le reconoció que “que la Provincia resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la ley 1075, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles ubicados en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales…”.Claro que esta no fue la única suspensión dispuesta ayer, ya que también se aprobó una ley que suspende en la Provincia hasta fin de año las ejecuciones  hipotecarias por créditos UVA  que tengan por objeto la compra o construcción de vivienda única familiar con ocupación permanente. Según indicó, de esta manera se busca amparar a los tomadores locales de créditos UVA hasta tanto la Cámara de Senadores del Congreso Nacional de sanción definitiva al "Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI". Es de tener en cuenta que la norma aprobada el pasado jueves 6 por la Cámara  de Diputados establece, entre otras cuestiones, la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos y embargos en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.La Legislatura también avaló el convenio de asistencia financiera firmado con el ministerio de Economía de la Nación y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por el cual la provincia recibirá un préstamos de hasta 3.600 millones de pesos para atender compromisos de deuda y obligaciones del Tesoro Provincial. De acuerdo al convenio de asistencia financiera con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en función de sus posibilidades financieras el organismo hará efectivo el préstamo a la Provincia en uno o más desembolsos. En tanto que la devolución está pautada en 4 cuotas mensuales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas el viernes 29 de septiembre, y garantizada con coparticipación federal. La tasa de interés es del 0,10% nominal anual y el capital del préstamo se actualizará por coeficiente de estabilización de referencia (CER).También, durante la segunda sesión ordinaria del año, se solicitó un pormenorizado pedido de informes al Ejecutivo sobre la instalación de una antena radar en Tolhuin, la empresa Leolabs y las autorizaciones tramitadas y otorgadas por la Provincia.Además se votó favorablemente la adhesión a la ley nacional 27.709, que creó el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de niñas, niños y adolescentes, y que es conocida como Ley Lucio.  “Confiamos en que el diálogo cierre una herida institucional de muchos años” Tras la aprobación del proyecto de ley que suspendió hasta fin de año el apartado de la ley 1075 sobre el impuesto inmobiliario, la legisladora Victoria Vuoto reiteró su “preocupación frente al atropello que significa la aplicación de la 1075 para las autonomías municipales consagrada en la constitución provincial y nacional” como así también su convencimiento de la solución definitiva al tema pasa, lisa y llanamente, por “la derogación de la norma, por lo que desde el inicio de mi gestión como legisladora presenté un proyecto de ley con este fin”. Más allá de ello, dijo que como parlamentarios “tenemos la responsabilidad de buscar a través del diálogo la mejor solución, garantizando los recursos a los municipios para  llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de cada municipio de nuestra provincia”.Vuoto cuestionó el rol que en esta controversia jugó la Corte Suprema de Justicia de la Nación “que decidió dejar desprotegidos a los municipios” y señaló que se trata “de la misma corte que arbitrariamente interviene y suspende elecciones provinciales, aplica su doble vara para omitir su rol, sin hacer justicia en esta causa”.