La Legislatura citó a Canals por la violenta golpiza a tres internos

La Legislatura de Tierra del Fuego convocó para este jueves al jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, con el objetivo de que brinde precisiones sobre la violenta agresión sufrida por tres internos de la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande, un hecho ocurrido el pasado 9 de mayo y que derivó en una compleja investigación judicial que involucra tanto a reclusos como a personal penitenciario. La reunión fue fijada para las 11 horas y tendrá carácter reservado debido a la sensibilidad de la c

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La Legislatura citó a Canals por la violenta golpiza a tres internos
La Legislatura de Tierra del Fuego convocó para este jueves al jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, con el objetivo de que brinde precisiones sobre la violenta agresión sufrida por tres internos de la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande, un hecho ocurrido el pasado 9 de mayo y que derivó en una compleja investigación judicial que involucra tanto a reclusos como a personal penitenciario. La reunión fue fijada para las 11 horas y tendrá carácter reservado debido a la sensibilidad de la causa y a la existencia de una investigación en curso sobre una presunta asociación ilícita entre internos y agentes del Servicio Penitenciario. La convocatoria busca conocer las actuaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y las medidas adoptadas tras conocerse lo sucedido en el establecimiento carcelario. La causa se originó luego de que Jonathan Burgoa, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores denunciaran haber sido víctimas de una brutal golpiza en el Pabellón B de la Unidad de Detención. De acuerdo con la investigación judicial, las agresiones se habrían prolongado durante aproximadamente dos horas y media y provocaron graves lesiones, entre ellas fracturas. Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que los episodios habrían quedado registrados por las cámaras de seguridad del penal sin que se produjera una intervención oportuna por parte del personal encargado de la custodia. Esta situación abrió una línea de investigación orientada a determinar si existieron omisiones deliberadas o algún grado de connivencia entre agentes penitenciarios y algunos internos. En el expediente se encuentran imputados siete efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellos el entonces director de la Unidad de Detención N° 1, Raúl Ciares, además de 17 reclusos. Todos son investigados bajo las figuras de asociación ilícita y vejámenes, en una causa que busca establecer las responsabilidades por las agresiones y determinar si existía una estructura organizada dentro del penal. La comparecencia de Canals ante los legisladores se producirá en un contexto de creciente preocupación por las condiciones de seguridad y el funcionamiento interno de la cárcel de Río Grande. Los parlamentarios pretenden conocer qué medidas se adoptaron desde el Ejecutivo luego de conocerse los hechos, cuáles fueron las actuaciones administrativas realizadas y qué acciones se implementaron para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. La investigación continúa bajo estricta reserva y no se descarta que, a medida que avance la causa, puedan surgir nuevos elementos que permitan esclarecer el alcance de las responsabilidades y la eventual existencia de una red de complicidades dentro del establecimiento penitenciario.

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