La Justicia fueguina ya tiene una coordinación para la investigación de pedófilos locales en la internet

En la actualidad la detección de casos generados desde Tierra del Fuego tenía un engorroso paso, vía exhortos con la justicia de Capital Federal. Con este convenio se trabajará directamente desde Tierra del Fuego ante cada caso sospechoso que detectan los organismos de monitoreo internacionales.

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La Justicia fueguina ya tiene una coordinación para la investigación de pedófilos locales en la internet
La detección de imágenes o situaciones de potencial abuso hacia menores de edad en redes actualmente es llevada adelante por la ONG norteamericana National Center of Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados – NCMEC).Este organismo lleva adelante convenios con distintos gobiernos para la notificación de cada actividad sospechosa, entre ellos la República Argentina que centraliza esta información bajo el denominado “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en Internet” del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.Mediante la acordada 197 del Superior Tribunal de Justicia fueguina en las últimas semanas se firmó un convenio con este Consejo en Capital Federal a fin de que cada caso sospechoso detectado, sea inmediatamente remitido a los referentes encargados en la Justicia Provincial de tramitar cada caso.Los referentes del Poder Judicial, uno en Ushuaia y otro en Río Grande, actuarán como enlaces o puntos de contacto local para canalizar adecuadamente las necesidades o requerimientos de otras jurisdicciones simplemente mediante una casilla de mail.Recibida cada novedad se tramitará con el juzgado correspondiente que esté de turno para investigar el hecho de manera inmediata.Hasta la firma de este convenio la investigación la desarrollaba un juzgado de Capital Federal vía exhortos con los juzgados locales, por lo que un allanamiento sobre un domicilio ante un IP sospechosos podía llegar a demorar hasta 6 meses.

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