El fallo, que lleva la firma de la jueza federal Martina Isabel Forns, avala la cautelar de no innovar y determina que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del Decreto 461/2025, entre ellos reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad.
Entre sus justificativos, se basó en las condiciones de trabajo que rigen para los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, en el principio de irrenunciabilidad de derechos consagrados para sus empleados y, sobre eso, acotó: “La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
La magistrada también dijo que en el artículo 32 del Decreto 461/2025 de Milei se dispone que la estabilidad del personal tiene “una fecha de vencimiento”, por lo que planteó: “Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes”.
El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó hoy que el Gobierno “apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.
El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.
