La Justicia Federal se declaró incompetente en la denuncia contra la Cooperativa Eléctrica y giró actuaciones a la provincia, tal como había anticipado Actualidad Tdf.
Los delitos de malversación imputados en la denuncia no son de naturaleza federal y la denunciante siquiera fundamentó su decisión de acudir a la Justicia Federal.
Incluso en las últimas horas la denunciante hizo una ampliación fundando que la Cooperativa recibe fondos federales, pero ya demasiado tarde, cosa que además no conmueve el criterio dado que ese dinero no necesariamente se corresponde específicamente al financiamiento de los hechos denunciados.
Ante ello desde la fiscalia federal la Dra. Bendaña en subrogancia del fiscal Marcelo Rapoport resolvió la declaración de incompetencia que fue ratificado por la jueza federal Mariel Borruto, quien giró las actuaciones a la Justicia provincial ordinaria.
Allí tomará intervención en la causa la jueza de turno, instrucción 3 a cargo de la Dra. Cecilia Cataldo con impulso de la fiscalía Mayor a cargo del Dr. Martín Bramatti.
El comunicado oficial, manifiesta:
Ante las reiteradas consultas recibidas con motivo de una denuncia que tuvo amplia difusión periodística en los medios de comunicación de nuestra ciudad, la Sra. Jueza Federal del Juzgado Federal de Río Grande, Dra. Mariel E. Borruto, estima pertinente brindar la siguiente información a la comunidad:
El 19 de junio de 2025 se recibió en este juzgado una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Federal de Río Grande el 17 de junio del mismo año. En ese escrito se enumeraban una serie de conductas atribuidas a miembros y directivos de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande que, a criterio del denunciante, constituirían delitos.
El 23 de junio de 2025, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Borruto declaró la incompetencia de la justicia federal para investigar los hechos denunciados y envió la causa al Juzgado de Instrucción de turno de la justicia provincial de Tierra del Fuego.
En cuanto a los argumentos de esa decisión, se destacan:
1. Los hechos denunciados no afectan directamente intereses federales ni hacen a la competencia de los organismos de control nacionales vinculados con la gestión del servicio público de energía eléctrica.
2. El organismo en el que se desempeñan los denunciados tiene carácter local y su constitución, manejo y control son ajenos al ámbito federal.
3. Las personas denunciadas pertenecen a una entidad que representa intereses de la ciudadanía de Río Grande en virtud del servicio público que brindan en esa localidad.
4. Incluso en el hipotético caso de que el organismo al que pertenecen las personas denunciadas hubiese recibido dinero del tesoro nacional (lo que deberá investigarse si sucedió), los intereses comprometidos son directamente locales, pues afectan a esa entidad y a su patrimonio.
En definitiva, dado que los hechos denunciados no constituyen delitos que puedan ser investigados en el juzgado federal, su trámite deberá continuar ante los tribunales provinciales.
Además, es pertinente aclarar que no existe en el Juzgado Federal de Río Grande, ningún procedimiento de intervención judicial sobre la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande.
