Ayer se constituyó el Consejo de la Magistratura y receptó los descargos de la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo y el fiscal mayor Fernando Ballester Bidau, tras el reclamo de no haber dado cumplimiento a lo que prescribe la ley 525.
Ambos funcionarios iniciaron actuaciones judiciales el 30 de mayo pasado en la causa 40331 en la que investigan la posible violación del artículo 128 del Código Penal por parte del camarista penal Andrés Leonelli, respecto de la suba de material de pornografía infantil a una nube de memoria personal.
La respuesta al Consejo de la Magistratura respecto a no haber dado notificación a este organismo de la investigación en curso fue que la misma «se encontraba en una etapa embrionaria, en la que era necesario realizar medidas mínimas de verificación, como así otras de carácter reservadas, todo ello a fin de evitar afectar la eficacia de la investigación y, a la vez, resguardar los derechos del funcionario involucrado y las garantías del debido proceso», respondió la jueza.
Asimismo el fiscal respondió que Leonelli aún ni siquiera fue indagado y que la ley lo que exige es informar a partir de un auto de procesamiento.
Ahora el organismo evaluará si se adopta determinación alguna respecto de estos funcionarios que aún sigue con la causa a la espera de peritajes informáticos, desconociéndose aún lo ocurrido con la prueba de descargo que esperaba la defensa de Leonelli y desapareció misteriosamente en los canales informativos internos del Poder Judicial.
Cabe recordar que en este caso Leonelli sostuvo que la información audiovisual cuestionado, respondía a una causa por Tenencia de pornografía infantil que investigó como juez de instrucción interino en Río Grande en 2016.
