La industria fueguina denuncia competencia desleal por el ingreso ilegal de celulares

La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) volvió a advertir sobre el impacto del contrabando en el mercado tecnológico nacional y aseguró que actualmente uno de cada tres celulares que se venden en Argentina ingresó al país de manera ilegal. La directora ejecutiva de la entidad, Ana Vainman, sostuvo que la situación genera una fuerte competencia desleal para las industrias radicadas en Tierra del Fuego y provoca importantes pérdidas económicas tanto para el sector

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La industria fueguina denuncia competencia desleal por el ingreso ilegal de celulares
La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) volvió a advertir sobre el impacto del contrabando en el mercado tecnológico nacional y aseguró que actualmente uno de cada tres celulares que se venden en Argentina ingresó al país de manera ilegal. La directora ejecutiva de la entidad, Ana Vainman, sostuvo que la situación genera una fuerte competencia desleal para las industrias radicadas en Tierra del Fuego y provoca importantes pérdidas económicas tanto para el sector privado como para el Estado. Según explicó, las plantas fueguinas continúan produciendo televisores, teléfonos celulares y equipos de aire acondicionado, aunque enfrentan crecientes dificultades para competir con productos que ingresan por canales informales y son comercializados sin cumplir las normas vigentes. Vainman indicó que gran parte de la mercadería ilegal llega desde Paraguay, aunque también se han detectado maniobras de ingreso irregular a través del Puerto de Buenos Aires y de la Terminal de Retiro. En muchos casos, los productos aparecen directamente en puntos de venta cuando ya es difícil rastrear toda la cadena de comercialización. La representante de AFARTE afirmó que, de acuerdo con estudios realizados por consultoras privadas, el contrabando genera una pérdida fiscal estimada en 2.300 millones de dólares por año debido a la evasión de impuestos y tributos asociados a la actividad comercial formal. Además del perjuicio económico, advirtió que los consumidores también resultan afectados al adquirir productos que no cuentan con homologación oficial, garantía ni servicios técnicos autorizados para responder ante eventuales fallas. Desde la entidad sostienen que la problemática también impacta directamente en el empleo. Según los datos difundidos por AFARTE, alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos se habrían visto afectados por el crecimiento del comercio ilegal de productos electrónicos. En ese contexto, Vainman señaló que la organización realizó presentaciones ante organismos nacionales vinculados a la defensa del consumidor, aunque aclaró que las tareas de fiscalización y control corresponden exclusivamente al Estado. La preocupación del sector surge en un contexto complejo para la industria electrónica fueguina, que además enfrenta una caída en el consumo interno y mayores desafíos para sostener los niveles de producción y empleo en las fábricas radicadas en la provincia.

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