A dos meses de la intervención del puerto de Ushuaia, el titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, trazó un panorama crítico sobre la situación operativa, financiera y legal del principal nodo logístico de Tierra del Fuego. “La Dirección Provincial de Puertos ha dejado de percibir aproximadamente cuatro millones y medio de dólares en estos 60 días que no hemos facturado. Yo quiero saber a ¿dónde está ese dinero y que han hecho?”, manifestó Murcia.
Río Grande. -En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, Murcia aseguró que la medida se ejecutó sin procedimientos formales completos, que dejó a gran parte del personal sin poder trabajar y que, desde entonces, la provincia dejó de percibir millones de dólares en ingresos.
“Cumplimos dos meses, el día 21 a las 00 horas, y la situación continúa exactamente igual. Nosotros estamos desarrollando acciones tanto en la fase administrativa como en la fase judicial. Estamos a la espera del resultado de cómo avanzan esas causas”, explicó.
Una intervención sin traspaso formal ni acceso a la administración
En esta línea, cuestionó el modo en que se llevó adelante la intervención, señalando que no existió un proceso administrativo ordenado ni un inventario formal de los recursos del puerto. “Acá lo que ocurrió fue que a las 00 horas del día 21 se hicieron presentes integrantes de la ANPYN, acompañados con Prefectura Argentina, donde nos pusieron en conocimiento ahí, en ese lugar, de una resolución en la cual declaraba la intervención”
“Nosotros no fuimos notificados fehacientemente hasta las 00:45 horas que entraron los mails oficiales, así que a mí me notificaron a través de WhatsApp en la puerta del Puerto y en ese momento no nos dejaron ingresar más”, señaló.
El funcionario remarcó que “es importante saber que lo que está intervenido es solamente el puerto de Ushuaia, no está intervenida la Dirección Provincial de Puertos de la provincia”.
La imposibilidad de acceso generó un escenario inédito: “No pudimos ingresar. De hecho, en ese momento se estaba produciendo el cambio de guardia del personal e impidieron que el personal ingrese a trabajar, a excepción de 16 personas que figuraban en la resolución. El resto no pudo desarrollar su actividad normal”.
Murcia también detalló la situación excepcional que se generó con una parte del personal durante la intervención, al señalar que “en la propia resolución tomamos conocimiento de que había un listado originalmente de 20 personas, que después quedaron 16, hubo 4 personas que negaron prestar su conformidad para estar en la resolución”.
Además, explicó que estos trabajadores fueron reasignados bajo una figura administrativa particular: “Es personal de planta que, a través de la resolución de intervención, pasa a tener una licencia por un cargo de mayor jerarquía, una licencia sin goce de haberes por parte de la Dirección Provincial de Puertos, y a partir de ese momento quien les paga es el ANPYN”.
“Sin poder ingresar quedaron 80 personas que desarrollan actividad logística portuaria. El total del personal somos 146 en toda la provincia. En Río Grande tenemos 10 trabajadores”, detalló.
A pesar de la situación, la Dirección Provincial de Puertos continúa abonando los salarios:
“Yo como patronal tengo la obligación de mantener el salario, porque la causa del no ingreso a trabajar es totalmente ajena al trabajador. Lo estoy afrontando con el dinero que tenía guardado para el desarrollo de obras de infraestructura”.
Murcia explicó que la Dirección Provincial de Puertos opera con un esquema financiero descentralizado, que distingue entre cuentas recaudadoras y una cuenta central de pagos. “Nosotros funcionamos con cuentas propias de la Dirección Provincial de Puertos, tenemos cuentas recaudadoras en la zona norte, que es Río Grande, y en la zona sur, que es Ushuaia, y después tenemos una única cuenta pagadora con la cual efectuamos todos los pagos”.
Por su parte, aclaró los gastos mensuales de la DPP y dijo que “estamos aproximadamente en gastos de 1.000 millones de pesos mensuales”.
Inversiones paralizadas y fondos de obra utilizados para salarios
Murcia explicó que los fondos acumulados por la Dirección Provincial no eran excedentes, sino reservas destinadas a infraestructura. “El dinero que estoy usando hoy para pagar salarios es el dinero que yo tenía para obras de infraestructura. La obra portuaria es muy cara. La ampliación de 124 metros originalmente fue de 790 millones al momento de licitar y se terminó pagando más de 2.500 millones”.
“Sin embargo, un ente que brinda servicio nunca tiene el 100% cubierto, siempre estás permanentemente renovándose en obra de infraestructura, en equipamiento, en capacitaciones, en todo lo demás, porque vos vivís de eso, es lo que te da la rentabilidad, así que vos no podés tener excedente”, sostuvo.
En total, el organismo contaba con alrededor de 14.000 millones de pesos y remarcó que “nosotros tenemos aproximadamente 14.000 millones de pesos, pero con ese dinero me comprometí a sostener el funcionamiento por 12 meses, o sea, lo que dura la intervención”.
Pero advirtió que ese esquema no es sostenible si la intervención se prolonga: “Cuando yo no pueda cumplir más los compromisos, voy a tener que solicitar al gobierno de la provincia que me acompañe”.
Recaudación desviada y pérdida de ingresos en dólares
Murcia afirmó que, tras la intervención, la recaudación del puerto dejó de ingresar a las cuentas provinciales. “A partir del día 21 a las 00 horas, ANPYN se hizo cargo del puerto y lo primero que hicieron fue notificar a todas las empresas que todos los servicios debían ser depositados en una cuenta nacional a nombre de AGP (que es una sociedad). Es AGP quien factura en este momento y los prestadores están depositando ese dinero”.
En ese marco, denunció falta de información sobre el destino de esos recursos: “Yo le estoy reclamando tanto a ANPYN como a AGP que nos indiquen la cantidad de dinero, cantidad de facturas emitidas y pagos efectuados. Quiero saber qué han hecho con ese dinero porque ahora el que está pensando que están desviando el dinero ahora soy yo”.
“La Dirección Provincial de Puertos ha dejado de percibir aproximadamente cuatro millones y medio de dólares en estos 60 días que no hemos facturado. Yo quiero saber a ¿dónde está ese dinero y que han hecho?”, manifestó Murcia. Además, subrayó que el tarifario portuario está dolarizado, lo que amplifica el impacto económico.
Operatividad sin cambios, pero con mayor costo
A pesar de la intervención, el funcionamiento del puerto no se detuvo. Según Murcia, la operatoria continuó con normalidad, incluso con el mismo volumen de actividad. “No cambió nada entre el día 20 a las 23:59 y el día 21 a las 00:03 en el funcionamiento del puerto. Continuó con la temporada exactamente como se venía desarrollando”.
Sin embargo, advirtió que “hoy se está trabajando con más gente privada adentro. Nosotros tenemos las máquinas paradas porque no permiten que los empleados ingresen. Ese trabajo lo están haciendo máquinas privadas”. Esto implica un doble perjuicio: recursos propios ociosos y contratación de servicios externos.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de control sobre las operaciones actuales. “Quiero saber quién está trabajando, si las personas están habilitadas, si tienen carnet, si tienen seguros. Hoy lo puedo ver, pero desde el otro lado de la calle. No tengo certeza de los acuerdos comerciales que han hecho”, insistió.
También recordó que los problemas estructurales del puerto eran conocidos y estaban bajo supervisión conjunta con Nación: “Nosotros veníamos trabajando muy bien con el AGP y con la Subsecretaría de Puertos años anteriores porque ellos tienen un equipo técnico muy importante, que nos ayudó para desarrollar todo lo que fue la ampliación del muelle, la parte de ingeniería, incluso, eran inspectores de obra”.
Murcia continuó explicando que “en conjunto, tanto el equipo técnico de ellos, como el nuestro habían determinado que el sitio 3 no se usará para embarcaciones mayores. Incluso ellos mismos pusieron un barco de gran envergadura ahí y nosotros hicimos la denuncia en Prefectura”.
El trasfondo político y económico de la intervención
Murcia deslizó una interpretación política sobre el trasfondo de la medida. “Creo que uno de los objetivos era quedarse con la caja y desfinanciar al gobierno de la provincia porque la intervención la decidieron hacer en temporada alta que es entre octubre y marzo cuando confluyen cruceros, carga, pesca y logística antártica”.
“El impacto económico de esta intervención es para toda la comunidad fueguina”, señaló.
Por su parte, dijo que “ellos dijeron que durante la intervención iban a poner el puerto en condiciones de seguridad y lo van a devolver a la provincia, pero según la resolución puede durar entre 12 o 24 meses”.
En ese marco, el funcionario también cuestionó la falta de comunicación institucional entre Nación y Provincia tras la intervención e indicó que “tras la aprobación de la ley de financiamiento de la OSEF, ellos hicieron el relato por el cual intervinieron sosteniendo que había un desvío del fondo, pero nosotros les dijimos que no hubo desvío, que la Dirección Provincial de Puertos nunca envió un solo centavo a la obra social y que teníamos el dinero para ejecutar las obras”, afirmó. Además, cuestionó que, pese a encontrarse en curso un procedimiento administrativo con plazos establecidos, la intervención se concretó igualmente sin esperar su resolución.
En relación a los fondos, diferenció esa situación de los préstamos vigentes: “El dinero no se transfirió al OSEF. Lo que sí hay son préstamos, con intereses a tasa del Banco Central, donde el órgano pagador es el Banco Tierra del Fuego”, detalló.
En esa línea, explicó que estas herramientas responden a estrategias de administración financiera y precisó que “para mí es una colocación financiera, como cuando hago plazos fijos, para mantener la rentabilidad del dinero y que no pierda valor”.
Obras en zona norte sin avance
En cuanto a las obras proyectadas en la zona norte, confirmó que se encuentran momentáneamente paralizadas debido a la situación actual: “El proyecto del puerto y el cerco perimetral de 23 hectáreas lo continuamos adelante, pero en este momento lo tengo que mantener en carpeta porque tengo que garantizar la disponibilidad de fondos”, explicó.
Asimismo, remarcó que “la DPP trabaja en la zona norte con todo el movimiento de hidrocarburos, la monoboyas y con eso aporta un 10% del presupuesto general del ente”.
Por otro lado, reconoció que los recursos que estaban destinados a esas iniciativas hoy se utilizan para sostener el funcionamiento básico de la Dirección Provincial de Puertos.
Sobre este punto, detalló que incluso gastos esenciales como seguros y mantenimiento siguen siendo afrontados por la Provincia. “Suponete que ocurra un accidente con un turista en el muelle, el responsable hoy es la provincia porque es el propietario”, señaló, y agregó que se están cubriendo costos mínimos mientras se reclama la devolución de fondos a la intervención. “Le he pedido que me devuelvan el dinero que invertí en sueldos y en gastos, porque ese dinero que produce el puerto es el que uso para sostener todo el resto”, afirmó.
“Creo que está más que claro que acá hay un tema político y también un tema económico”
Por su parte, el entrevistado planteó una lectura política y económica detrás de la intervención, alineada con lo expresado por el gobernador. “Creo que está más que claro que acá hay un tema político y también un tema económico, ya que la primera medida que tomó la intervención fue quedarse con la caja de la DPP”, señaló.
En ese sentido, consideró que el interés principal radica en el potencial del puerto de Ushuaia: “Entiendo que vinieron por el gran negocio que es el puerto, que es el más importante de la República Argentina en materia de cruceros”.
En el plano judicial, aclaró que existen dos vías de acción diferenciadas que se están desarrollando en paralelo. Por un lado, indicó que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego presentó una demanda vinculada a la constitucionalidad de la intervención, mientras que, en simultáneo, la Dirección Provincial de Puertos impulsó su propia presentación a nivel federal. “Acá hay una presentación judicial por la constitucionalidad que es del gobierno de la provincia, y hay una presentación nuestra en contra de la resolución también a nivel federal. Son dos cosas totalmente diferentes y que están teniendo caminos distintos”, explicó, subrayando la estrategia dual adoptada frente al conflicto.
“Nosotros no nos oponemos a que sigan todas las investigaciones, absolutamente nada. Simplemente queremos volver a tener el control de algo que es legítimamente propiedad de la provincia y del pueblo”, resaltó.
Por último, destacó el valor estratégico del puerto y su proyección a futuro, especialmente en relación con la competencia regional Punta Arenas que hoy se lleva 500 millones de dólares al año. «Al igual que Finnova, nosotros venimos trabajando hace muchos años para que eso suceda y para tener un muelle de carga, pesca y logística antártica”, indicó.
En ese marco, concluyó que la intervención representa un retroceso en ese proceso de desarrollo: “Esto nos atrasa cuando hay una organización que estaba trabajando para reinvertir y mejorar los servicios”.
