Paulino Rossi, abogado de las familias damnificadas, advirtió que se trata de una de las estafas más grandes de la historia fueguina. Están involucrados ex comisarios y empresarios ligados a un fideicomiso vinculado a terrenos en el barrio Altos de la Patagonia. Habló con AIRE LIBRE FM y confirmó que la causa ya está en Cámara de Apelaciones.
La Justicia fueguina investiga una presunta estafa millonaria que afecta a más de 60 familias en Río Grande. El caso involucra a ex comisarios de la Policía de Tierra del Fuego y empresarios que habrían administrado de forma irregular fondos de la Caja Compensadora del personal Policial y Penitenciario, tanto del ex Territorio como de la provincia.
El abogado Paulino Rossi explicó que la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones, a la espera de que se resuelva un planteo presentado por los imputados contra el llamado a indagatoria. “Estamos dentro de los plazos procesales lógicos de la justicia para que se resuelva y se pueda avanzar en esto”, señaló.
Según Rossi, las víctimas habían pagado sus terrenos “en tiempo y forma”, pero fueron engañadas en un negocio inmobiliario en el barrio Altos de la Patagonia. “El único objetivo fue cobrarles este dinero a los compradores y en el momento que cobraron el último cuento, cerraron la oficina y desaparecieron de la faz de la tierra”, denunció.
El monto estimado de la estafa supera 1.200.000 dólares. “Estamos hablando de 60 lotes, a un valor razonable de 20.000 dólares por terreno”, indicó el letrado.
Rossi subrayó que esta maniobra afectó directamente a la Caja de la Policía, que atraviesa una crisis financiera. “No pueden cumplir con su obligación en tiempo y forma por estas estafas que se están investigando y por el desmanejo de fondos públicos”, afirmó. Como ejemplo, mencionó que la Caja es titular de un inmueble comercial en Ushuaia administrado por un privado que nunca reportó ganancias a la institución.
El abogado pidió que se priorice a las víctimas y que los responsables afronten las consecuencias. “No tengo ninguna duda de que los que se tienen que terminar siendo responsables son los que llevaron adelante estos hechos irregulares”, sostuvo. Además, consideró que la Caja debe accionar para recuperar los fondos desviados.
“Hay responsables, pero no se puede pretender que se dilate el cumplimiento hacia las víctimas. El titular dominial, el dueño de la tierra, es la Caja. O sea, la Caja tiene un activo que lo respalda”, concluyó.
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