El protocolo, que se oficializó en el acuerdo del jueves, con la firma de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, establece criterios para evaluar el estado de salud de las personas detenidas y determinar si pueden recibir tratamiento médico adecuado dentro de las unidades penitenciarias.
La medida quedó oficializada este lunes con la publicación de la Resolución 2867/2026 en el Boletín Oficial, luego de ser aprobada mediante la acordada 21/2026.
El protocolo elaborado por el Cuerpo Médico Forense está destinado a orientar a los jueces que deben resolver solicitudes de prisión domiciliaria por motivos de salud.
La normativa incorpora nuevos parámetros para evaluar las condiciones sanitarias de los establecimientos penitenciarios y la posibilidad concreta de brindar atención médica a las personas detenidas.
El documento advierte que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”, una consideración que puede resultar determinante al momento de evaluar si un detenido puede continuar cumpliendo su condena en prisión.
Además, establece que el Cuerpo Médico Forense deberá informar institucionalmente sobre las condiciones de las cárceles. De esta manera, los relevamientos de organismos de control como la Procuración Penitenciaria de la Nación y la comisión de cárceles dejarían de ser la referencia contemplada en ese procedimiento.
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. advierten que la acordada de la Corte era parte de una estrategia pro-impunidad y que constituía un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Bajo la apariencia de un protocolo médico, la acordada establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de la libertad, generando una herramienta que facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar”, señalaron en un comunicado.
Según la información de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) hay 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ellos, 436 están en arresto domiciliario. Solo 73 están en unidades penitenciarias. Cincuenta y ocho de ellos se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos.



