La convocatoria del martes 17 reúne los dos reclamos que hoy encabeza el movimiento obrero de Ushuaia. Por un lado, el puerto, intervenido por la Nación desde enero. Por otro, la ley impulsada por el Ejecutivo provincial para financiar el sistema educativo, que la Legislatura pasó a cuarto intermedio a comienzos de mes y volverá a tratar ese día.
El secretario general de UTHGRA y titular de la CGT Ushuaia, Ramón “Moncho” Calderón, explicó que el plan es “estar con los compañeros del puerto y también a la Legislatura”, para pedir que salga el proyecto y que los legisladores que se oponen “empiecen a ver un poquito la situación que está viviendo la provincia”. El objetivo, sostuvo, es que el próximo año los chicos tengan todos los días de clase cubiertos.
Sobre el puerto, la central analiza con abogados una presentación legal ante la Nación. Calderón advirtió que en diciembre la intervención podría extenderse un año más y aseguró que el Gobierno nacional busca la confrontación para instalar “que los violentos son los sindicatos, que los violentos son los trabajadores” y avanzar, en sus palabras, en “deshuesar” a las organizaciones gremiales con acciones legales.
El anuncio llegó después de la reunión que la CGT mantuvo el jueves, durante tres horas, con los legisladores Federico Sciurano, Victoria Vuoto, Tomás García y Juan Carlos Pino en la sede de UTHGRA. “Contestaron todas las preguntas”, valoró Calderón, y explicó que el encuentro sirvió para despejar dudas sobre lo que planteaban el oficialismo y la oposición. Según contó, los cuatro coincidieron en que “ninguno quiere un puerto intervenido” y en que “el puerto es de Tierra del Fuego”.
En cuanto a la ley, que prevé un impuesto del 3% sobre los ingresos brutos del Banco de Tierra del Fuego (BTF), un gravamen a la actividad de Camuzzi y aportes de Terra Ignis, entre otras fuentes, las diferencias se concentraron en el BTF y en Camuzzi. Sciurano, que preside el bloque de la Unión Cívica Radical, se mostró más conforme con el punto de Camuzzi, y para el banco surgieron alternativas: que el aporte recaiga en Terra Ignis o que el BTF no tribute, sino que realice una colaboración. “La palabra colaboración como que cambió un poquito la idea y el pensamiento también del legislador”, sostuvo el dirigente, quien señaló que el radical había advertido que el tributo podía perjudicar a los fueguinos y a los trabajadores estatales.
Para Calderón, que un legislador con otra postura plantee la posibilidad de acompañar fue un avance, aunque remarcó que “hay que seguir dialogando”. También respondió a las objeciones del sector comercial: “Me parece que en esto tenemos que colaborar todos, tenemos que empezar a garantizar que nuestros hijos, nuestros nietos empiecen a tener clases todo el año”, afirmó, y agregó que “no todos podemos mandar nuestros hijos o nietos a colegios privados”.
El dirigente reconoció que otros sectores estatales reclaman mejoras salariales, pero dijo que en la CGT se acordó priorizar la educación. “Hoy vamos por esto, próximamente por todos los otros puntos”, explicó, y advirtió que los trabajadores del Estado tienen “sueldos muy bajos” y necesitan “una garantía de poder llegar a la canasta básica, al menos”.



