“Mientras la infraestructura se cae, los números gritan: más del 85% del gasto fue a sueldos y préstamos a otros organismos y solo el 1,3% volvió al puerto en obras. Esto no es una disputa partidaria. Es una decisión para proteger a quienes trabajan y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que la gestión provincial no supo o no quiso garantizar”, argumentan en LLA de Tierra del Fuego, en línea con lo planteado por el gobierno nacional.