Juicio contra las automotrices

El Dr. Federico Rauch actualizó la información sobre la demanda que lleva adelante como patrocinante de más de 6.900 compradores de vehículos en Tierra del Fuego entre el 2001 y el 2010. Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 indicó que “se trata del juicio cuantitativamente más grande de la historia de Tierra del Fuego, y es el más grande que hay en Latinoamérica como acción de clase. Los 6.900 ciudadanos están demandando a las automotrices más importantes del mundo, así que es un juicio realmente grande”. “El juicio actualmente está tramitando en el Juzgado Federal de Río Grande y en este momento está en la pre producción de prueba. La jueza federal (Dra. Mariel Borruto) viene imprimiéndole un esfuerzo importante para que esto se defina de una vez por todas. El 22 vamos a tener una audiencia, nosotros ya ofrecimos las pruebas oportunamente y las pericias que hizo el Estado nacional mostraron los sobreprecios que están cobrando. La prueba que se está analizando ahora es la ofrecida por las automotrices, en ejercicio de su derecho de defensa”, precisó. “En la auditoría nacional se detectó que los sobreprecios fueron puestos por las propias automotrices a sus concesionarios en Tierra del Fuego, no fueron los concesionarios los que colocaron esos sobreprecios. Eso es lo que determinó el Estado nacional, es decir que las automotrices fijaban el precio de los autos a las concesionarias ya con un sobreprecio”, señaló, si bien no descartó que en un futuro puedan encontrarse responsabilidades en las concesionarias que además agregaron algún sobreprecio. “No es el objeto de este juicio, porque en esta instancia estamos discutiendo si las automotrices efectivamente fijaron precios y vendieron los vehículos en el Área Aduanera Especial a un precio que implicaba quedarse con el beneficio que la 19640 brinda a los consumidores y no a las empresas que venden los vehículos. Desde el punto de vista de la Ley de Defensa del Consumidor, esto es lo que implica el daño para el consumidor”, sostuvo. Sobre la multa impuesta oportunamente a las automotrices, recordó que fue por un monto de 108 millones de dólares, pero fue apelada por las empresas, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia falló a favor de ellas, el Estado apeló a la Corte Suprema, que siguió el consejo del Procurador y consideró que no correspondía la multa, por lo cual hasta ahora no han pagado nada. “La Ley de Defensa del Consumidor establece que el Estado puede poner multas de hasta el 25% del beneficio económico que se obtenga como consecuencia de ponerse de acuerdo para alterar el mercado y obtener un beneficio de esa alteración, en este caso los sobreprecios. En este caso el período investigado va del 2001 al 2010 y representó una ganancia para las automotrices de más de 400 millones de dólares extra, por eso aplicó el 25%, que eran 100 millones. Hablamos de un período muy inferior del que ha transcurrido, porque va del 2001 al 2010, y en este juicio se investiga ese período, no el resto. La cantidad de fueguinos que ha demandado es una pequeña porción de los que compraron vehículos con sobreprecios, y estimamos que son entre el 10 y el 11% del total de los compradores de vehículos en Tierra del Fuego durante ese período”, detalló. “Hemos pedido en la demanda, además de que se indemnice a los compradores por el sobreprecio, que se ordene que en lo sucesivo los vehículos que ingresen al área aduanera especial se vendan a un precio que refleje la totalidad de los beneficios que le corresponden a los compradores fueguinos. Es el punto más importante de todos, porque no apunta sólo a los demandantes sino a todos los fueguinos que compran autos en Tierra del Fuego a futuro. Es para que cese la práctica de vender autos al mismo precio o más caros que en el resto del país”, explicó el letrado. “Esto aplica a cualquier vehículo, no sólo autos, que se comercialice dentro del área aduanera especial, mientras esté vigente el régimen general de la 19640”, apuntó.