Cuatro familias ocuparon de manera irregular viviendas que aún no están finalizadas debido a la falta de fondos de Nación. El Municipio intervino para persuadir el desalojo de manera pacífica.
USHUAIA.- Personal de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Municipalidad intervino este lunes ante una situación de ocupación irregular de cuatro viviendas que se construyen en el sector K y D, donde serán reubicadas familias del barrio El Cañadón y barrio El Escondido, de acuerdo al convenio firmado entre la Nación y el Municipio dos años atrás.
Cabe destacar que en este sector se construyen parte de las 66 viviendas acordadas, de las cuales 9 ya se entregaron a familias del sector y 14 se encuentran en proceso de finalización pero están paralizadas por la no remisión de fondos por parte del Gobierno nacional.
En la jornada del lunes cuatro familias ajenas a la planificación y ordenamiento del sector usurparon de manera irregular estas construcciones que se encuentran en custodia de la empresa constructora, ya que no cuenta con final de obra a causa del incumplimiento de Nación.
“Estuvimos presentes en el lugar, se apersonaron cuatro familias con menores en el interior de las viviendas, a las cuales accedieron por la fuerza, tensionando al sereno de la empresa que tiene a cargo la obra y la seguridad de los inmuebles” destacó David Ferreyra, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial.
En este sentido el funcionario destacó que “nos acercamos puntualmente porque el fin de esta obra tiene que ver con reubicación de familias y un convenio que tiene firmado el Municipio de Ushuaia con la Nación. Además, había una necesidad de escuchar y atender la cuestión habitacional y social de esas cuatro familias que ocuparon ilegalmente las casas. Fuimos con Yanira Martínez, les planteamos las distintas salidas que podemos darles para que desalojen hoy esas viviendas”.
Ferreyra indicó que “no aceptaron los planteos que realizamos, así que se van a ceñir a las consecuencias que traiga un desalojo judicial; ya saben muy bien las familias a qué se atienen y que están ahí porque no tienen dónde vivir y algunas hasta no tienen trabajo, de acuerdo a lo que esgrimieron”.
El titular de Hábitat señaló por último que “el lugar está con resguardo policial y van a esperar lo que determine la Justicia con el tema de la denuncia que realice la empresa, que es quien tiene la custodia del predio y la potestad de ejecución de la obra, para tomar las medidas que considere el Poder Judicial”.
