La sesión, encabezada por la ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Karina Fernández, contó con la participación de representantes del Gobierno provincial, de la Dirección General de Aduanas (AFIP), de la Secretaría de Industria y Hacienda de la Nación, de la Unión Industrial Fueguina (UIF), la UOM, ASIMRA y la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), entre otros actores clave del entramado productivo local.
Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con trámites técnicos vinculados a acreditaciones de origen, dispensas y autorizaciones de producción, claves para sostener los beneficios del subrégimen industrial vigente. Sin embargo, fue el estado crítico del sector textil lo que acaparó la atención y generó mayor inquietud entre los presentes.
La industria textil fueguina, tradicional generadora de empleo e históricamente radicada bajo el subrégimen de promoción industrial, atraviesa una situación límite. Las restricciones impuestas por el Decreto 594/23, que endurece las condiciones para acceder a beneficios fiscales, impactan especialmente a este sector intensivo en mano de obra y altamente dependiente de reglas estables para mantener su competitividad.
Uno de los casos abordados en la oportunidad es el de la empresa Australtex S.A., actualmente bajo una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Grande, que suspendió los efectos de la Resolución SIyC N.º 287/24. La compañía enfrenta dificultades para continuar con su producción debido a la negativa del Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Gestión Productiva, de aceptar la acreditación de origen de ciertos productos con insumos nacionales. Esta situación impide acceder a los beneficios fiscales de exportación, comprometiendo seriamente su operatoria.
El efecto más preocupante de esta crisis es su impacto sobre el empleo en la provincia. La ministra Fernández, junto con representantes gremiales como la UOM y miembros de la UIF, expresó su “profunda preocupación” por las consecuencias sociales y económicas la reducción de actividad de las plantas textiles.
“Es necesario comprender la coyuntura que atraviesa el país y el sector, para definir medidas urgentes que nos permitan sostener el empleo, preservar la industria y garantizar la continuidad de un sector clave para Tierra del Fuego”, manifestó la funcionaria.
En ese sentido, se planteó la necesidad de diferir el tratamiento de algunas acreditaciones de origen, dada la imposibilidad de cumplir con los niveles de integración nacional requeridos, ante la falta de proveedores en el país. Esta solicitud fue formalizada por las empresas y respaldada por el gobierno fueguino.
Desde el Gobierno provincial y las entidades industriales se reafirmó el compromiso con la producción fueguina y se instó al Gobierno nacional a revisar las condiciones impuestas por el nuevo marco regulatorio, que podría poner en jaque no solo a las textiles, sino al conjunto del tejido industrial de la provincia.
“El sector textil no puede esperar. La inacción pone en riesgo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, y compromete un entramado productivo construido durante décadas”, advirtieron desde la Cámara Fueguina de la Industria Nacional.
