Ibarra sobre la nueva ley penal juvenil: “La responsabilidad alcanza al menor y a su familia”

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió el debate por la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, para el abogado riograndense Francisco Ibarra, el cambio va mucho más allá de los delitos graves: la nueva normativa introduce responsabilidades para los adolescentes desde los 14 años y también coloca a sus padres frente a las consecuencias de los hechos cometidos por sus hijos.“Esta norma no significa de ninguna manera que ahora vamos a llenar las cárceles con chicos de 14 o 16 años”, sostuvo Ibarra en declaraciones a Fm Origen. Para el letrado, el eje central del nuevo régimen es otro: “Lo que hace esta ley es generar responsabilidades”.Y esa responsabilidad, remarcó, no termina en el adolescente. Según explicó, el régimen contempla también la intervención de los padres y su responsabilidad frente a determinados daños provocados por sus hijos.La nueva normativa establece diferentes respuestas según las características y gravedad del hecho. En ese marco, Ibarra explicó que la privación de la libertad no constituye la única respuesta posible y destacó la existencia de medidas de acompañamiento, reparación y restricciones.Para graficar el cambio, mencionó situaciones que pueden darse en la vida cotidiana de cualquier ciudad: una pelea entre adolescentes que termina con lesiones, daños contra un vehículo o una vivienda, pintadas o destrozos e incluso la falsificación de documentación para ingresar a un boliche.“Antes eso no iba a ser considerado delito penal; hoy sí va a ser considerado delito penal”, ejemplificó respecto de una pelea entre jóvenes de 14 o 15 años que provoque lesiones. La responsabilidad también alcanza a los padres Ibarra puso especial énfasis en este aspecto del nuevo esquema: el papel que tendrán los padres o responsables del adolescente frente a un hecho delictivo.Como ejemplo planteó el caso de un adolescente que rompe el vidrio de un comercio. Bajo el nuevo régimen, explicó, la respuesta no necesariamente se agotará en que sus padres paguen el daño ocasionado.“Lo que se pretende es generar responsabilidad, tanto en el menor como en la familia de ese menor”, señaló.El abogado sostuvo que justamente uno de los objetivos es evitar que la reparación económica sea suficiente para cerrar el episodio sin ninguna consecuencia para el adolescente.“Si no, el papito que tiene plata paga el vidrio y se acabó, y mañana va y rompe otro”, ejemplificó durante la entrevista.En ese marco, mencionó que pueden disponerse distintas medidas y restricciones, como limitaciones para concurrir a determinados lugares o actividades, además de mecanismos de reparación y acompañamiento.Para Ibarra, allí se encuentra buena parte del alcance real del nuevo régimen. Aunque la discusión pública estuvo concentrada principalmente en adolescentes involucrados en homicidios, robos u otros hechos violentos, sostuvo que el mayor impacto cotidiano podría observarse en delitos de menor y mediana gravedad.“La parte principal de la norma está en lo que es de medio para abajo, que es la reparación, la responsabilidad”, consideró. Desde una pelea hasta un DNI falso Una de las cuestiones que Ibarra buscó dejar en claro es que el nuevo escenario puede alcanzar conductas mucho más cercanas a la realidad cotidiana de los adolescentes.Una pelea a la salida del colegio entre jóvenes de 14 o 15 años que termine provocando lesiones puede derivar ahora en un proceso. Lo mismo podría suceder con daños contra un auto, una vivienda o un comercio.También mencionó un ejemplo particularmente habitual entre adolescentes: la utilización o falsificación de documentación para ingresar a un boliche.“Eso es un delito penal”, señaló, y explicó que este tipo de situaciones podrá generar una intervención judicial que anteriormente no se producía de la misma manera por la edad del involucrado.Pero insistió en una diferencia central: estar sometido a un proceso no significa automáticamente ir preso.Dependiendo de la gravedad del hecho, pueden existir medidas alternativas, restricciones, reparación del daño, acompañamiento y otras respuestas destinadas a generar responsabilidad. ¿Tierra del Fuego está preparada? La aplicación concreta del régimen abre otro interrogante: si Tierra del Fuego cuenta actualmente con las condiciones necesarias para implementar todos sus alcances.Ibarra partió de una particularidad provincial que considera favorable.“Tierra del Fuego es privilegiada respecto del resto del país”, afirmó, al señalar que la provincia no registra el mismo nivel ni la misma naturaleza de delincuencia juvenil que jurisdicciones como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Tucumán.“No me refiero a cantidad de habitantes, sino a la naturaleza de los delitos en los cuales participan menores. Eso no lo tenemos”, explicó.También destacó como una fortaleza que Tierra del Fuego posee un Poder Judicial relativamente joven y con una importante presencia de profesionales del derecho.Sin embargo, consideró indispensable avanzar en capacitación.“Esta normativa exige una mayor formación”, advirtió.La razón, explicó, es que adolescentes y hechos que anteriormente no ingresaban al sistema ahora podrán dar lugar a una imputación, una defensa, audiencias y eventualmente medidas judiciales.“Implica todo un trámite que antes no estaba y, a su vez, implica medidas coercitivas que antes no se aplicaban. Por lo tanto, todo eso requiere una formación”, señaló. Capacitación, infraestructura y cambios en las normas provinciales El desafío no termina en los tribunales. La puesta en funcionamiento del régimen también obliga a discutir qué estructuras tendrá Tierra del Fuego para los casos en que sea necesario disponer medidas que requieran espacios específicos para adolescentes.Ibarra reconoció que será necesario “forjar, construir o adecuar” organismos para la aplicación de determinadas medidas y planteó que también deberán producirse cambios dentro de las estructuras judiciales.A ello se suma una cuestión legislativa: la adecuación de la normativa procesal provincial al nuevo régimen.“En materia de Código Procesal la competencia es local, es de la Legislatura”, explicó Ibarra.Consideró, sin embargo, que esas modificaciones deberán surgir de un trabajo que contemple la mirada del Poder Judicial para determinar qué aspectos necesitan cambiarse para garantizar la correcta aplicación del nuevo esquema.Para Ibarra, Tierra del Fuego parte de una situación diferente a la de las grandes jurisdicciones del país por la menor incidencia de delitos juveniles graves. Pero eso no elimina el desafío.La nueva ley amplía las situaciones que pueden llevar a un adolescente ante la Justicia y obliga al sistema provincial a prepararse para intervenir. El cambio, según la mirada del abogado, no pasa solamente por qué hacer ante un delito grave cometido por un menor: pasa por establecer responsabilidades desde los 14 años, involucrar a las familias y contar con una Justicia preparada para aplicar esas nuevas reglas.