Una presentación penal impulsada por Roberto Carlos Rainieri Fuentes acusa a directivos de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. La denuncia, que primero ingresó en la justicia federal y luego pasó al fuero provincial, menciona posibles delitos de administración fraudulenta, malversación y hasta “eventual asociación ilícita”.
Frente a la repercusión pública, el abogado de los señalados, Francisco Ibarra, aclaró en FM Aire Libre que sus defendidos aún no fueron formalmente llamados al expediente.
“Todavía nosotros no estamos notificados. En un proceso penal la primera medida es la notificación de derechos y garantías, y eso no ocurrió. Pese a ello, nos presentamos voluntariamente y constituimos domicilio.”
La jueza provincial solicitó resguardar la prueba. Ibarra precisó que el viernes se entregaron “entre ocho y diez cajas” con legajos contables y que este lunes se aportaron otras seis: “La justicia provincial lo que hizo es asegurar la prueba. Se requirió toda la documentación y la acompañamos completa; fueron alrededor de 6.000 copias.”
El defensor cuestionó la solidez del escrito presentado “realmente abarca todo, se extiende a todo, no tiene precisión de nada… Se atribuyen delitos improcedentes y se mencionan personas que ya fallecieron. No se acompaña un solo elemento probatorio.”
También negó que la conducción de la cooperativa pueda ser juzgada como funcionaria pública: “Precisamente no son funcionarios públicos. Se trata de una cooperativa que administra fondos propios de sus asociados, no caudales públicos.”
Una vez analizado el material, la fiscalía deberá decidir qué hechos, si los hubiera, ameritan investigación formal. “Dependemos de que el fiscal precise qué va a investigar. Cuando eso ocurra, ejerceremos la defensa y, de corresponder, haremos las contradenuncias pertinentes.” señaló Ibarra.
Mientras tanto, los directivos aseguran haber puesto toda la información a disposición y niegan cada una de las imputaciones. El expediente continuará con la revisión de la documentación y la eventual notificación de derechos y garantías a los involucrados.
