El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, cuestionó con dureza la insistencia del Gobierno provincial en avanzar con el financiamiento educativo mediante un trámite de urgencia y aumentos impositivos, cuando el proyecto todavía no reúne los votos necesarios para su aprobación. Advirtió que el Ejecutivo pretende recaudar unos $6.000 millones con nuevos tributos mientras contempla destinar $20.000 millones a la Agencia de Innovación Fueguina, organismo cuya utilidad puso en discusión. Propuso retirar la urgencia y debatir el financiamiento educativo junto con el Presupuesto 2027, mediante una reasignación responsable de los recursos provinciales que también permita atender las necesidades de salud, infraestructura escolar y la Caja Policial. Por otra parte, destacó la incorporación del Macizo 67 a la ley de expropiación, una medida largamente reclamada por los productores de la Margen Sur de Río Grande, aunque advirtió que ahora será necesario exigir al Ejecutivo que avance efectivamente con los procedimientos administrativos para concretar la regularización de las tierras.
Río Grande.- En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, el legislador Matías Lapadula realizó un amplio análisis de la última sesión de la Legislatura fueguina, la discusión por el financiamiento educativo, el inminente tratamiento del Presupuesto provincial 2027 y las prioridades que, a su entender, deberían orientar la distribución de los recursos públicos.
El parlamentario de Provincia Grande fue especialmente crítico con la decisión del Ejecutivo de mantener el trámite de urgencia sobre el proyecto de financiamiento educativo, pese a que todavía no existe consenso parlamentario para su aprobación. También cuestionó la asignación presupuestaria prevista para la Agencia de Innovación Fueguina, al considerar que resulta contradictorio plantear nuevos impuestos para fortalecer la educación mientras se destinan importantes recursos a organismos cuya necesidad considera discutible.
En otro tramo de la entrevista, destacó la aprobación de la incorporación del Macizo 67 a la legislación de expropiación, una iniciativa que permitirá avanzar en la regularización de tierras ocupadas por productores y chacareros de la Margen Sur, aunque remarcó que la sanción legislativa constituye apenas una etapa del proceso.
Macizo 67: “Tarde, pero al fin”, celebró la incorporación a la ley de expropiación
Al analizar los asuntos aprobados durante la última sesión legislativa, Lapadula destacó el tratamiento de tres dictámenes vinculados con tierras, dos relacionados con inmuebles destinados al Instituto Provincial de Vivienda en Ushuaia y otro referido a la incorporación del Macizo 67 a la ley de expropiación.
Sobre este último punto, explicó que “se trata de una problemática que conoce especialmente por su vinculación con los productores y chacareros de la Margen Sur de Río Grande, quienes desde hace años reclaman soluciones para regularizar la situación de los terrenos donde desarrollan sus actividades”.
Recordó que “la legislación de expropiación lleva aproximadamente siete años sin que se hayan concretado los avances necesarios para resolver definitivamente la situación dominial”.
En ese sentido, valoró el esfuerzo de las “familias productoras y el potencial que representan para el desarrollo de la producción local de alimentos”.
“Quienes tuvimos la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que hacen los productores, de acompañarlos, de ver el sacrificio y el potencial que tienen desde el punto de vista de la producción de alimentos locales, la verdad que no podíamos hacer otra cosa que acompañar”, expresó.
Lapadula recordó que “la incorporación del Macizo 67 había sido uno de los compromisos asumidos al comenzar su gestión legislativa y que incluso había presentado, aproximadamente tres años atrás, un proyecto con el mismo objetivo”.
Sin embargo, explicó que “aquella iniciativa no había logrado avanzar por falta de consensos políticos”, por esa razón, destacó que “finalmente el Ejecutivo provincial haya decidido impulsar la incorporación del sector a la normativa vigente, tarde, pero al fin”, manifestó.
El legislador sostuvo que “la medida resulta fundamental porque incorpora a numerosos productores y vecinos que necesitaban una respuesta institucional para avanzar en la regularización de sus tierras”.
No obstante, aclaró que “la aprobación de la ley no significa que el proceso de expropiación esté concluido, sino que ahora comienza una etapa que requerirá decisiones concretas del Gobierno provincial”.
“Ahora viene la tarea de exigir y controlar que el Poder Ejecutivo empiece con todo el procedimiento y todos los actos administrativos que tienen que ver con la expropiación de ese inmueble”, señaló.
De esta manera, adelantó que “continuará siguiendo el expediente y reclamando que se ejecuten los pasos necesarios para transformar la decisión legislativa en una solución efectiva para las familias involucradas”.
Financiamiento educativo: cuestionó la insistencia del Gobierno con el trámite de urgencia
Al referirse al proyecto de financiamiento educativo, Lapadula explicó que “durante la última sesión no estaban dadas las condiciones reglamentarias para incorporar su tratamiento al orden del día”.
Precisó que, al no estar previsto inicialmente, se necesitaban diez votos para apartarse del reglamento y habilitar su discusión.
Según detalló, existía una “mayoría favorable a retirar el trámite de urgencia, pero no se alcanzaron los votos necesarios para incorporar el asunto a la sesión”.
Al mismo tiempo, otro grupo de legisladores pretendía avanzar con un dictamen durante la propia jornada parlamentaria para posteriormente sancionar la iniciativa, pero tampoco logró reunir las mayorías requeridas.
“La mayoría para quitarle el tratamiento de urgencia estaba. Lo que no estaban eran los votos necesarios para tratarlo fuera del orden del día”, explicó.
El legislador sostuvo que “el problema de fondo es que el proyecto remitido por el Ejecutivo no cuenta con el respaldo parlamentario necesario para convertirse en ley”.
Por esa razón, cuestionó la decisión de insistir con un dictamen en las comisiones de Economía y Educación sin haber alcanzado previamente un acuerdo político y al respecto dijo que “me parece un poco caprichoso sacar un dictamen sabiendo que no están los votos para que sea sancionado en sesión”, afirmó.
Incluso señaló que “las diferencias también se manifiestan dentro del oficialismo y mencionó que el legislador Federico Sciurano, integrante de FORJA, no había firmado el dictamen”.
“Nos quieren obligar a sancionar una ley que no sirve”
El parlamentario cuestionó particularmente el mecanismo de urgencia utilizado por el Gobierno provincial, al considerar que condiciona el trabajo legislativo y coloca a los bloques frente a la posibilidad de que el proyecto quede aprobado automáticamente si no se alcanza una definición dentro de los plazos establecidos.
En ese contexto, sostuvo que “no corresponde imponer una iniciativa que todavía genera desacuerdos sobre su contenido y sus consecuencias tributarias”.
“Yo no entiendo, primero, el capricho de querer darle tratamiento de urgencia y obligarnos a todos a sancionar una ley que no sirve para que no quede el mamarracho que mandó el Poder Ejecutivo”, expresó.
Lapadula vinculó sus cuestionamientos con los aumentos impositivos contemplados en la propuesta original y con la falta de acuerdos para establecer mecanismos alternativos de financiamiento.
A su entender, el Ejecutivo debería trabajar para conseguir los “ocho votos necesarios para aprobar una ley consensuada, en lugar de utilizar el vencimiento del trámite de urgencia como una herramienta para forzar su sanción, hoy no hay consenso y no hay ocho votos. Entonces, nos están obligando con una ley mala, que, si no hacemos algo o aprobamos algo, queda aprobada automáticamente”, advirtió.
También cuestionó la actitud política del Gobierno durante las negociaciones
“El Gobierno tiene que lograr los ocho votos. Lo que pasa es que, como no los logra porque no se sienta a trabajar, no escucha, quiere llevarse todo puesto, le da trámite de urgencia y, total, si no nos ponemos de acuerdo, queda aprobado”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que “la discusión legislativa debe permitir construir acuerdos y no quedar condicionada por plazos que impidan revisar integralmente la iniciativa”.
Sesión especial del 2 de noviembre: retirar la urgencia sin archivar el proyecto
Lapadula confirmó que la sesión especial convocada para el lunes 2 de noviembre, a las 14 horas, tendrá como único asunto el proyecto de financiamiento educativo identificado con el número 519/26.
Aclaró que “el objetivo de quienes solicitaron la convocatoria es retirar el trámite de urgencia para permitir que el expediente continúe siendo analizado en comisión”.
En particular, rechazó las interpretaciones que presentan esa decisión como un intento de archivar el proyecto o abandonar la discusión educativa y manifestó que “nosotros de ninguna manera queremos ni mandar a archivo ni dejar de discutir algo tan importante como es el financiamiento de la educación en la provincia”, afirmó.
Explicó que “la intención es disponer del tiempo necesario para analizar alternativas, revisar las fuentes de recursos y alcanzar acuerdos que permitan fortalecer el sistema educativo sin recurrir a nuevos impuestos”.
De acuerdo con su planteo, la eliminación de la urgencia permitirá vincular la “discusión con el análisis del Presupuesto 2027, que comenzará durante la misma semana”.
Presupuesto 2027: “No hay que aumentar impuestos, hay que reasignar recursos”
Uno de los principales planteos de Lapadula estuvo relacionado con la necesidad de discutir el financiamiento educativo dentro del marco general de los recursos y gastos del Estado provincial.
En ese sentido, consideró que “resulta contradictorio impulsar una ley específica que contemple nuevos impuestos cuando está por comenzar el tratamiento del Presupuesto 2027”.
El legislador sostuvo que “el análisis presupuestario permitirá conocer con mayor precisión cómo se distribuyen los recursos públicos y qué partidas pueden revisarse para fortalecer áreas esenciales”.
“Lo que hay que hacer justamente es eso: no aumentar los impuestos, reasignar recursos. Los recursos de la provincia, que son muchísimos, empezar a administrarlos como corresponde y asignarlos bien”, manifestó.
Explicó que el miércoles 4 de noviembre comenzará el tratamiento presupuestario con las exposiciones del ministro de Economía y del jefe de Gabinete, mientras que posteriormente se desarrollarán reuniones con funcionarios de las distintas áreas de Gobierno.
En ese contexto, adelantó que “Provincia Grande presentará propuestas concretas para revisar la asignación de fondos y fortalecer los presupuestos de sectores considerados prioritarios”.
“Vamos a analizar claramente y vamos a proponer, por lo menos desde Provincia Grande, alternativas e ideas para fortalecer los presupuestos, no solo de educación”, sostuvo.
Lapadula insistió en que “el problema no debe abordarse únicamente desde la necesidad de incrementar la recaudación, sino también desde la administración de los recursos existentes”.
Educación, salud y Caja Policial: las prioridades que deben discutirse
El legislador planteó que el debate presupuestario debe contemplar una serie de problemas estructurales que atraviesan distintas áreas del Estado provincial.
Entre ellos mencionó la necesidad de fortalecer la educación pública, mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y resolver el desequilibrio financiero de la Caja Policial.
Sobre este último punto, advirtió que “la situación afecta a aproximadamente un centenar de policías del exterritorio que, según explicó, no están percibiendo una parte de sus haberes”.
También remarcó que “el financiamiento educativo no puede limitarse a la discusión salarial docente”.
Para Lapadula, la crisis del sistema requiere abordar simultáneamente la infraestructura escolar, las condiciones de funcionamiento de los establecimientos y los recursos destinados al sostenimiento de la educación pública.
“No solo es salario docente, es también infraestructura. Las escuelas se caen a pedazos”, cuestionó.
En ese sentido, adelantó que “incorporará el proyecto de financiamiento educativo al temario de discusión presupuestaria cuando corresponda la presentación de las autoridades del Ministerio de Educación”.
“Voy a incluir en el temario de la discusión del presupuesto y en el temario de la comisión el proyecto de financiamiento educativo cuando venga el Ministerio de Educación”, confirmó.
La intención, explicó, es analizar conjuntamente las necesidades del sistema educativo y los recursos previstos para el próximo ejercicio, de manera que puedan elaborarse propuestas que respondan a los problemas existentes.
“Tenemos muchísimos temas para solucionar y esas soluciones tienen que venir de una discusión seria del presupuesto”, sostuvo.
Duras críticas al Gobierno por el deterioro de los servicios públicos
Durante la entrevista, Lapadula también realizó fuertes cuestionamientos a la gestión provincial por el estado de distintos servicios esenciales.
Responsabilizó políticamente al Ejecutivo por el deterioro de la educación y la salud pública, los problemas del sistema energético y la situación financiera de la Caja Policial.
En ese marco, cuestionó que “el Gobierno pretenda establecer un esquema de financiamiento educativo para los próximos cinco años cuando, según su evaluación, no logró resolver los problemas acumulados durante su gestión”.
“Después de siete años de destruir la educación, porque fue lo que hizo este Gobierno, destruir la educación pública en Tierra del Fuego, es el responsable”, afirmó.
También extendió sus críticas a la Dirección Provincial de Energía y a los problemas de prestación del servicio eléctrico.
El legislador consideró que “la administración provincial debería concentrarse en resolver las dificultades actuales antes de impulsar una legislación que condicionará la política educativa de las próximas gestiones”.
“Yo no sé quién va a ser gobernador los próximos cinco años, pero ellos no”, expresó, al cuestionar la intención de establecer un mecanismo de financiamiento que trascienda el actual mandato.
En ese sentido, sostuvo que “el Ejecutivo debería priorizar los problemas pendientes y evitar decisiones que, desde su perspectiva, puedan agravar la situación provincial”.
“Traten de solucionar lo poco que les queda de Gobierno y dejen de hacer esta retirada provocando más daño del que hicieron en la provincia”, manifestó.
Agencia de Innovación: cuestionó los $20.000 millones previstos para 2027
Otro de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la Agencia de Innovación Fueguina y los recursos que tendría asignados en el proyecto de Presupuesto 2027.
Consultado sobre el planteo del legislador Pablo Villegas, quien solicitó la derogación de la Ley 1512 que creó el organismo, Lapadula expresó su “coincidencia con esa posición”, respondió.
El legislador cuestionó la utilidad de la Agencia de Innovación en el actual contexto económico y social, al considerar que “existen necesidades mucho más urgentes que deberían concentrar los recursos del Estado”.
“Es un organismo que, la verdad, nadie sabe y nadie puede explicar para qué sirve, más que para gastar plata en una provincia que está en una situación complicada”, sostuvo.
Según explicó, el proyecto presupuestario contempla una asignación de aproximadamente $20.000 millones para la Agencia de Innovación Fueguina, una cifra que consideró injustificada frente a las dificultades que atraviesan la educación, la salud y otros servicios públicos.
Lapadula aclaró que “una estructura de esas características podría discutirse en un escenario donde las necesidades esenciales estuvieran debidamente cubiertas”.
Sin embargo, cuestionó que “se prioricen recursos para ese organismo cuando el Gobierno sostiene que necesita aumentar impuestos para financiar la educación”.
“Si yo tuviese resueltos los problemas de educación, tuviese resueltos los problemas de salud, hubiese resuelto todos los problemas que tiene la provincia, y bueno, pagamos una Agencia de Innovación y experimentamos qué se puede hacer, si podemos con la Fábrica de Talentos, con lo que sea”, ironizó.
Para el legislador, el problema no radica únicamente en la existencia del organismo, sino en el orden de prioridades que establece el Ejecutivo al distribuir los fondos públicos.
“Ahora, no hay recursos para lo importante y asignamos $20.000 millones a algo que no es indispensable”, cuestionó.
“Quieren recaudar $6.000 millones con impuestos y gastan $20.000 millones en la Agencia de Innovación”
Lapadula estableció una comparación entre los recursos que, según indicó, pretende obtener el Gobierno mediante el proyecto de financiamiento educativo y el presupuesto previsto para la Agencia de Innovación.
De acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, la iniciativa educativa busca “reunir aproximadamente $6.000 millones mediante modificaciones impositivas, mientras que el organismo provincial tendría asignados $20.000 millones para el próximo ejercicio”.
El legislador utilizó esa diferencia para cuestionar las prioridades presupuestarias del Ejecutivo.
“Ustedes fíjense la discusión que tenemos con el proyecto de financiamiento educativo, que prevé aumentar impuestos por todos lados para conseguir $6.000 millones”, expresó.
A continuación, remarcó que “esa suma es considerablemente inferior a los recursos previstos para la Agencia de Innovación, nos patinamos $20.000 millones en algo que nadie sabe para qué es”, cuestionó.
Desde su perspectiva, la comparación evidencia la necesidad de revisar el gasto público antes de avanzar con nuevos tributos.
En ese sentido, consideró que “el tratamiento del Presupuesto 2027 debe permitir identificar partidas que puedan reducirse o reasignarse para fortalecer áreas prioritarias”.
“Creo que hay que poner las cosas en su lugar y empezar a trabajar y dejar de dilapidar recursos en donde no es necesario”, afirmó.
El legislador sostuvo que la provincia necesita establecer límites a determinados gastos y concentrar los recursos disponibles en servicios fundamentales para la población.
Su planteo apunta a que el debate sobre el financiamiento educativo no se limite a encontrar nuevas fuentes de recaudación, sino que incluya una revisión integral de las decisiones presupuestarias del Gobierno.
Una discusión presupuestaria que será determinante para las prioridades provinciales
De cara al inicio del tratamiento del Presupuesto 2027, Lapadula adelantó que “desde Provincia Grande buscarán impulsar una discusión sobre la distribución de los recursos provinciales, con especial atención en educación, salud, infraestructura y el funcionamiento de organismos públicos”.
En ese marco, insistió en que el “proyecto de financiamiento educativo debe continuar su tratamiento legislativo, pero sin quedar condicionado por el trámite de urgencia ni por la posibilidad de una aprobación automática”.
También sostuvo que “el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de construir consensos parlamentarios y revisar las propuestas que no cuentan con el respaldo necesario”, dijo, al tiempo que agregó que “no aumentar los impuestos, reasignar recursos y empezar a administrarlos como corresponde” fue el planteo que sintetizó su posición frente a la discusión presupuestaria.
