La operatividad de los aeropuertos en todo el territorio argentino vuelve a estar en el centro de la escena ante un inminente conflicto gremial.
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que retomará las medidas de fuerza a partir del jueves 26 de febrero, luego de que fracasaran las instancias de negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El conflicto, que se mantenía en una tensa calma bajo el marco de la conciliación obligatoria, estalló definitivamente tras vencerse los plazos legales impuestos por el Ministerio de Capital Humano. Según ADNSUR, el sindicato decidió avanzar con un cronograma de acciones directas al no obtener una «respuesta integral» a sus demandas salariales y de condiciones laborales por parte de la empresa estatal.
Desde ATEPSA señalaron que han pasado más de veinte días desde la finalización de la tregua administrativa sin que se registraran avances significativos. En un comunicado oficial, el gremio sostuvo que, una vez transcurridos los plazos formales sin acuerdo, el plenario ratificó la implementación de “medidas legítimas de acción sindical” a partir de febrero, lo que anticipa un cierre de mes con fuertes complicaciones en el espacio aéreo.
La medida de fuerza no es un tema menor para la logística nacional, ya que los controladores aéreos son los encargados de gestionar los despegues, aterrizajes y el ordenamiento del tránsito en el aire. Sin su labor, la seguridad operacional se ve comprometida, lo que deriva inevitablemente en reprogramaciones y cancelaciones masivas de vuelos comerciales y privados.
El cronograma de medidas, que ya fue notificado a las autoridades competentes, se aplicará de forma escalonada. Este esquema busca visibilizar el reclamo sin un cese total inmediato, aunque la experiencia de meses anteriores sugiere que la acumulación de demoras termina afectando a miles de pasajeros en los principales nodos como Aeroparque y Ezeiza. El gremio remarcó que sus reclamos se enmarcan en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, rechazando acusaciones previas sobre supuestas fallas en la seguridad durante las protestas.
La relación entre EANA y el sindicato atraviesa su punto más bajo. En etapas previas del conflicto, la empresa estatal llegó a presentar denuncias penales ante la Justicia federal, alegando que las acciones gremiales ponían en riesgo la operatividad del sistema. No obstante, el sindicato se mantiene firme en su postura, argumentando que la falta de una propuesta superadora por parte del Gobierno nacional es la que empuja a los trabajadores a esta instancia.
Con la conciliación obligatoria ya vencida y sin nuevos canales de diálogo a la vista, el próximo jueves 26 de febrero se perfila como una jornada crítica para el turismo y el transporte de carga. Los usuarios deberán permanecer atentos a los comunicados de las aerolíneas, ya que el conflicto podría escalar si no hay un llamado de último momento para una nueva mesa de negociación.
