Greve señaló que la ley llega después de más de dos años de debate y aclaró que, de sus 26 artículos, solamente tres están directamente vinculados con el financiamiento. Según explicó, el resto apunta a establecer herramientas de planificación e inversión educativa a largo plazo.
El legislador justificó la necesidad de la iniciativa en la eliminación de 17 programas nacionales que, según indicó, impactaron directamente en el sistema educativo fueguino. En ese contexto, afirmó que el Gobierno provincial debió continuar afrontando con recursos propios programas y prestaciones que anteriormente eran financiados por Nación.
Las fuentes de financiamiento
Entre los principales mecanismos de recaudación, Greve explicó que se establece una alícuota del 3% de Ingresos Brutos para Camuzzi, empresa prestadora del servicio de gas en la provincia, que hasta ahora estaba exenta de ese tributo.
Sobre este punto, indicó que se incorporó una cláusula gatillo para evitar que el costo sea trasladado a las tarifas de los usuarios. Si el organismo nacional competente autorizara un aumento tarifario que contemple ese nuevo impuesto, la Legislatura deberá volver a analizar esa fuente de financiamiento.
También mencionó la incorporación del Banco de Tierra del Fuego al pago de una alícuota del 3% de Ingresos Brutos. En este caso, la ley establece expresamente que el nuevo aporte no podrá trasladarse a las comisiones ni a las tasas que se cobran a los clientes.
Para controlar el cumplimiento de estas disposiciones, explicó que se prevé la conformación de un observatorio integrado por representantes del Gobierno, sectores gremiales y otros organismos.
El destino de los fondos
En relación con la distribución de los recursos que se obtengan a través del aporte de Camuzzi, Greve precisó que el 40% estará destinado a infraestructura escolar, mientras que el 60% restante se utilizará para financiar conexiones domiciliarias de gas natural.
El legislador recordó que la provincia cuenta con aproximadamente 130 escuelas y 170 establecimientos educativos, muchos de ellos con un uso intensivo de sus instalaciones durante gran parte de la jornada, lo que demanda inversiones permanentes en mantenimiento y obras.
Asimismo, se refirió a la actualización del impuesto inmobiliario rural, que no se modificaba desde hacía más de 17 años. Al respecto, cuestionó los bajos montos que históricamente abonaban los establecimientos rurales y señaló que incluso una estancia de más de 30.000 hectáreas pagaba alrededor de 200.000 pesos anuales.
Una recaudación estimada en $6.000 millones
Consultado sobre cuánto dinero podría ingresar a partir de los nuevos mecanismos, Greve estimó que la ley permitiría recaudar alrededor de 6.000 millones de pesos. Aclaró que esa cifra podría incrementarse en otros 3.000 millones si se aprueba una modificación incluida en el proyecto tarifario que se analiza junto al presupuesto provincial.
Frente a los cuestionamientos de sectores de la oposición, que consideraron insuficiente esa recaudación frente a las demandas salariales docentes, el legislador sostuvo que los recursos también deben analizarse en función de las necesidades de infraestructura y mantenimiento del sistema educativo.
En ese sentido, indicó que el presupuesto destinado a Educación ronda los 400.000 millones de pesos y consideró que los 6.000 millones previstos por esta ley representan un aporte significativo para atender distintas necesidades.
También recordó que la falta de financiamiento nacional para la construcción de dos escuelas técnicas en Tierra del Fuego representa una inversión pendiente de entre 12.000 y 14.000 millones de pesos.
Finalmente, Greve reconoció que la nueva normativa no constituye una solución definitiva a todos los problemas educativos, pero defendió su importancia como una herramienta de planificación a largo plazo.
«Si bien no es la panacea ni la solución a todos los problemas de la educación, lo que hace es establecer una política de Estado y una ley de convergencia donde vamos a estar obligados a aportar a la educación durante los próximos cinco años, independientemente del gobernador que esté», concluyó.
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